Armengol ha tildado de «cruel» la medida que el Estado tomó cuando decidió excluir los inmigrantes de algunos servicios de salud básicos y ha recordado que la UE advirtió en España a principios de 2014 sobre la exclusión de los inmigrantes del servicio de salud, indicando que la medida era «contraria a la Carta Social Europea».
En este sentido, la líder del Ejecutivo balear ha dicho que lo que debe hacer el Gobierno central es «dejar de poner palos en las ruedas» de la gestión autonómica y «plantearse una mejora en el apoyo a las comunidades, para que éstas puedan garantizar los servicios básicos, como la salud o la educación, a todos los ciudadanos».
Además, ha destacado que el Ejecutivo balear no ha recibido ninguna «comunicación oficial», en referencia al posible incumplimiento normativo planteado por el secretario general de Sanidad, y que otras comunidades (Cantabria, Aragón y Comunidad Valenciana) lo han hecho también, ejerciendo las competencias que se los corresponden en materia sanitaria.
Después de que el secretario general de Sanidad, Rubén Moreno, advirtiera este jueves de que la devolución de tarjetas a inmigrantes irregulares por parte de varias comunidades autónomas podría vulnerar competencias estatales, Patricia Gómez ha negado esta posibilidad y ha afirmado: «No entendemos estas amenazas por parte del Gobierno».
«Nosotros no hemos vulnerado ninguna competencia estatal porque no hemos retornado ningún derecho, sino que simplemente, siguiendo el Estatuto de Autonomía de Baleares, lo que hemos hecho es garantizar una atención sanitaria normalizada a los ciudadanos de las Islas Baleares», ha explicado la consellera en declaraciones a Efe.
«Ya hemos devuelto unas 600 tarjetas sanitarias que permiten garantizar la asistencia de una forma normalizada, con continuidad y atendiendo a la promoción de la salud y la prevención -ha declarado Gómez-. Estamos orgullosos de esta medida que se está aplicando desde las primeras semanas de legislatura», ha recalcado.
Sobre la advertencia de Moreno de posibles «multas millonarias» de la UE hacia España en relación con la atención a ciudadanos comunitarios, Gómez ha defendido que la normativa balear es «muy clara» en este aspecto.
La consellera ha detallado que varias comunidades que quieren iniciar este mismo proceso han puesto la norma balear «como modelo» porque «especifica de una manera muy clara cuáles son los derechos de la población comunitaria y qué hay que hacer con las personas de la Unión Europea porque está recogido en otros textos».
Gómez ha añadido que «Andalucía lo está haciendo desde el 1 de julio de 2012 y Asturias también está ofreciendo asistencia y no ha pasado nada».
La consellera atribuye la advertencia del Ministerio de Sanidad al «miedo político» de carácter electoralista hacia «las comunidades que están trabajando duro para garantizar esta asistencia» de cara a las próximas elecciones y ha criticado que se alerte de «consecuencias catastróficas, mediante el lenguaje que suele utilizar el Partido Popular».
Gómez lo achaca a que «se dan cuenta de que la población tiene unas necesidades a las que no han hecho ni caso hasta la fecha y de que se han generado desigualdades y situaciones difíciles de resolver para quienes las están sufriendo».
Según la consellera, el Gobierno central planteaba «una solución intermedia y ahora ven que la mayoría de las comunidades autónomas no van por esa línea sino por garantizar una asistencia sanitaria totalmente normalizada y con continuidad».
La estimación de la Conselleria de Salud es que en Baleares hay entre 12.000 y 15.000 personas sin permiso de residencia, que han estado sin atención desde que se aplicó el decreto del Gobierno central en 2012, aunque Gómez ha advertido de que no hay al tratarse de personas en situación administrativa irregular, no están cuantificadas con exactitud.
Salud no ha calculado ningún coste extraordinario por esta medida de devolverles la atención a las personas en situación irregular y Gómez ha señalado al respecto que «el coste se va a ver a medio y largo plazo, cuando se conozcan las consecuencias de no haber tenido asistencia sanitaria».
Entre esas posibles consecuencias ha puesto como ejemplos «a los diabéticos que no han recibido la insulina y no han podido tener una continuidad, y las complicaciones de las personas que necesitan un tratamiento farmacológico y no lo han podido tener durante estos años».
«Esas consecuencias sí que nos van a resultar costosas», ha recalcado Gómez, quien ha añadido que anteriormente «con el mismo presupuesto y con los mismos profesionales se atendía a estas personas». «Por lo tanto no calculamos costes extraordinarios, sino que, por el contrario, pensamos que darles asistencia desde Atención Primaria es mucho más económico, eficiente y más garantista para las personas», ha insistido.
14 comentarios
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Lo que realmente es vergonzoso es que un menorquín-na, que estudia en Cataluña debe de ir al médico a través de urgencias porque es de otra Comunidad y no puede tener tarjeta, y a los inmigrantes ilegales si. De donde sacarán los euros para sufragar los gastos?. Lo que deberían hacer es convertir a los inmigrantes en LEGALES y que coticen como todo hijo de vecino.
Si tuviesen derecho al voto, no serian 600 las tarjetas, serian todas. Quien paga esas decisiones? El efecto llamada lo estamos viendo en todos los países ribereños del Mediterráneo con consecuencias catastróficas, se puede ser todo lo solidario que se pueda pero la hipocresía de tanta publicación es muy perniciosa. Esto no es progreso señores gobernantes, esto es irresponsabilidad y poca imaginación, deshacer lo que otros han hecho para diferenciarse, al menos, a mi no no me va.
Primer els de fora
Sra. Gómez, que me cae más cerca, porque la Sra. Armengol, mas lejos y... Las dos han hecho un estudio de lo que representan estas 600 tarjetas, ¿saben la gente de Menorca con poquísimos recursos y que tienen que pagar al copago, y la tarjeta sanitaria lo del céntimo que no se como acabó. TAMBIEN SABEN QUE EL ESTADO DE BIENESTAR, se gana con sacrificios, NO SE REGALA, creo que lo tienten todo muy verde, pero nos van bien a fastidiar entre todas. No obstante estoy en perfecto acuerdo con MAC. Para ser emergente, no es necesario ir en bici. se demuestra razonando
Hundiendo a España desde hace años y años. Haréis bueno al tío Francisco.
Esta bien ayudar al necesitado, pero tampoco tontos. Pago mis impuestos, pago al dentista, (para poder comer) pago las gafas, (para poder ver) etc. " es una necesidad". ¿No serán Uds. mas ilegales que los ilegales.?
Señoras Armengol y Gómez, ustedes lo que están haciendo es usar a los inmigrantes para hacerse fotos y repartir culpas de ciegos sin ton ni son. Lo que ustedes llaman personas sin permiso de residencia, son personas que cada día que pasa es un día mas perdido de su vida, ya que no pueden ser contratados legalmente y vivir una vida laboral plena junto a sus familias, es decir, trabajar,cotizar y acumular derechos. Es ahí donde ustedes tenían que mojarse y buscar soluciones y no seguir usando a estas personas como arietes políticos. Hablen ustedes de darles el permiso de residencia con sus derechos y obligaciones.
Si son irregulares en vez de tarje que los envíen a su casa
No hay que negar la asistencia, eso nunca, solo que si no tienes papales pagas; 25 Euros por visita, 10 eu por urgencia real, 100 eu por falsa urgencia y 0 eu por vida o muerte.Y sobretodo.... si son ilegales no tendrían que estar aquí. La integración empieza con la tranquilidad de saber quien es, que es honrado, cumplidor. La union empieza con respeto de saber que es cumplidor, que si falla la paga y la vara de medir es mas pequeña que la tuya. La nación empieza cuando aun así de hacerlo tratado de forma dura quiere ser como tu ciudadano !!!!! Lo contrario provoca racismo, intolerancia. Para conseguir buenos fines aveces hay que hacer grandes males (individuales) para conseguir virtudes colectivas (sociología de masa ).
Pagaran Uds. de su bolsillo los gastos, o lo tendrán que hacer el resto de los ciudadanos, mientras Uds. se guiran cobrando los los votos optenidos