Armengol ha tildado de «cruel» la medida que el Estado tomó cuando decidió excluir los inmigrantes de algunos servicios de salud básicos y ha recordado que la UE advirtió en España a principios de 2014 sobre la exclusión de los inmigrantes del servicio de salud, indicando que la medida era «contraria a la Carta Social Europea».
En este sentido, la líder del Ejecutivo balear ha dicho que lo que debe hacer el Gobierno central es «dejar de poner palos en las ruedas» de la gestión autonómica y «plantearse una mejora en el apoyo a las comunidades, para que éstas puedan garantizar los servicios básicos, como la salud o la educación, a todos los ciudadanos».
Además, ha destacado que el Ejecutivo balear no ha recibido ninguna «comunicación oficial», en referencia al posible incumplimiento normativo planteado por el secretario general de Sanidad, y que otras comunidades (Cantabria, Aragón y Comunidad Valenciana) lo han hecho también, ejerciendo las competencias que se los corresponden en materia sanitaria.
Después de que el secretario general de Sanidad, Rubén Moreno, advirtiera ayer de que la devolución de tarjetas a inmigrantes irregulares por parte de varias comunidades autónomas podría vulnerar competencias estatales, Patricia Gómez ha negado esta posibilidad y ha afirmado: «No entendemos estas amenazas por parte del Gobierno».
«Nosotros no hemos vulnerado ninguna competencia estatal porque no hemos retornado ningún derecho, sino que simplemente, siguiendo el Estatuto de Autonomía de Baleares, lo que hemos hecho es garantizar una atención sanitaria normalizada a los ciudadanos de las Islas Baleares», ha explicado la consellera en declaraciones a Efe.
«Ya hemos devuelto unas 600 tarjetas sanitarias que permiten garantizar la asistencia de una forma normalizada, con continuidad y atendiendo a la promoción de la salud y la prevención -ha declarado Gómez-. Estamos orgullosos de esta medida que se está aplicando desde las primeras semanas de legislatura», ha recalcado.
Sobre la advertencia de Moreno de posibles «multas millonarias» de la UE hacia España en relación con la atención a ciudadanos comunitarios, Gómez ha defendido que la normativa balear es «muy clara» en este aspecto.
La consellera ha detallado que varias comunidades que quieren iniciar este mismo proceso han puesto la norma balear «como modelo» porque «especifica de una manera muy clara cuáles son los derechos de la población comunitaria y qué hay que hacer con las personas de la Unión Europea porque está recogido en otros textos».
Gómez ha añadido que «Andalucía lo está haciendo desde el 1 de julio de 2012 y Asturias también está ofreciendo asistencia y no ha pasado nada».
La consellera atribuye la advertencia del Ministerio de Sanidad al «miedo político» de carácter electoralista hacia «las comunidades que están trabajando duro para garantizar esta asistencia» de cara a las próximas elecciones y ha criticado que se alerte de «consecuencias catastróficas, mediante el lenguaje que suele utilizar el Partido Popular».
Gómez lo achaca a que «se dan cuenta de que la población tiene unas necesidades a las que no han hecho ni caso hasta la fecha y de que se han generado desigualdades y situaciones difíciles de resolver para quienes las están sufriendo».
Según la consellera, el Gobierno central planteaba «una solución intermedia y ahora ven que la mayoría de las comunidades autónomas no van por esa línea sino por garantizar una asistencia sanitaria totalmente normalizada y con continuidad».
La estimación de la Conselleria de Salud es que en Baleares hay entre 12.000 y 15.000 personas sin permiso de residencia, que han estado sin atención desde que se aplicó el decreto del Gobierno central en 2012, aunque Gómez ha advertido de que no hay al tratarse de personas en situación administrativa irregular, no están cuantificadas con exactitud.
Salud no ha calculado ningún coste extraordinario por esta medida de devolverles la atención a las personas en situación irregular y Gómez ha señalado al respecto que «el coste se va a ver a medio y largo plazo, cuando se conozcan las consecuencias de no haber tenido asistencia sanitaria».
Entre esas posibles consecuencias ha puesto como ejemplos «a los diabéticos que no han recibido la insulina y no han podido tener una continuidad, y las complicaciones de las personas que necesitan un tratamiento farmacológico y no lo han podido tener durante estos años».
«Esas consecuencias sí que nos van a resultar costosas», ha recalcado Gómez, quien ha añadido que anteriormente «con el mismo presupuesto y con los mismos profesionales se atendía a estas personas». «Por lo tanto no calculamos costes extraordinarios, sino que, por el contrario, pensamos que darles asistencia desde Atención Primaria es mucho más económico, eficiente y más garantista para las personas», ha insistido.
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