De los 25 millones de euros que debe recibir la capital balear cada año por esta ley, el anterior ejecutivo autonómico traspasó 15 millones, quedando aún pendientes 10 millones, según ha explicado el primer edil tras reunirse con Armengol en el Consolat de Mar, sede del ejecutivo.
Se trata de la primera audiencia que concede la presidenta balear al primer edil en esta legislatura.
Hila ha garantizado que el principal consistorio de Baleares tiene suficientes necesidades para emplear esos 10 millones y, como ejemplo, se ha referido a la limpieza de la ciudad y sus parques, la renovación de la flota de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), el mantenimiento de los colegios o la mejora de la seguridad ciudadana. «Hay tantas cosas que mejorar...», ha comentado el alcalde.
El fin de esa partida, una vez que Cort la reciba, lo decidirá el Consell de Capitalitat, ha explicado a los periodistas el alcalde, que ha subrayado la «muy buena sintonía» existente entre el Govern y Cort y la «ganas de trabajar juntos» en favor de la ciudadanía para «cambiar» las políticas hasta ahora desarrolladas.
Hila se ha mostrado convencido de que se llegará a un acuerdo con el ejecutivo autonómico respeto al pago de esos 10 millones.
Otra cuestión de la que han hablado es la Ley de Actividades, aprobada por el anterior Govern, con la intención de modificarla en el Parlament porque, en estos momentos, son iguales los requisitos que se exigen para organizar un concierto que las fiestas o actividades lúdicas de un barrio.
Hila quiere que «Palma tenga actividad» y que los vecinos tengan facilidades para organizarlas. El objetivo del nuevo equipo municipal es que la capital balear sea una «ciudad viva y dinámica y que en los barrios haya actividad», ha dicho su alcalde.
El primer edil ha alabado la decisión del Govern balear de «devolver» la tarjeta sanitaria a los inmigrantes en situación irregular porque no disponer de la atención sanitaria gratuita era una «situación inhumana».
Además, los gobiernos autonómico y de Palma pretenden firmar un convenio para que las competencias de Servicios Sociales, Educación y atención a los consumidores las continúe ejerciendo el consistorio y no la comunidad autónoma, como pretende el Gobierno central con la «Ley Montoro», ha comentado el alcalde, que ha defendido al principio de proximidad municipal para solucionar los problemas de los ciudadanos.
Otro de los temas abordados ha sido la necesidad de que ambas instituciones trabajen juntas para el mantenimiento de las escuelas públicas, así como la colaboración entre el Servicio de Ocupación de las Islas Baleares (SOIB) y Palma Activa para impulsar la creación de puestos de trabajo.
Sobre el Palacio de Congresos, Hila ha pedido a la presidenta que nombre a los representantes del Govern en la empresa pública Palau de Congressos que gestiona esta obra.
El ayuntamiento tiene intención de solicitar una auditoría de legalidad del concurso de adjudicación y una puesta al día del informe de previsiones económicas para poder decidir sobre el futuro de esta gran infraestructura.
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