Además del Ministerio Público, también ejercen la acusación la Abogacía del Estado, la de la Comunidad Autónoma balear, Manos Limpias, el PP balear, la Abogacía General de la Generalitat Valenciana y los concejales del PSPV del Ayuntamiento de Valencia.
Una vez concluido este periodo, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, abrirá juicio oral contra los acusados y determinará si finalmente la Infanta Cristina debe sentarse en el banquillo, en base a la petición de ocho años de prisión que el sindicato Manos Limpias prevé solicitar contra la Duquesa como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales.
De hecho, está previsto que esta entidad sea la única acusación que pida pena de cárcel para la Infanta, para quien, por su parte, la Fiscalía solicitará una fianza de responsabilidad civil de casi 600.000 euros a abonar de forma conjunta y solidaria junto a su marido, Iñaki Urdangarin.
A juicio de Manos Limpias, el papel de la hermana del Rey Felipe VI fue imprescindible para que su esposo pudiera defraudar, a través de la empresa Aizoon, de la que ambos son copropietarios al 50 por ciento, hasta un total de 337.138 euros en las cuotas del IRPF de 2007 y 2008. Es más, considera que la Infanta incurrió en la agravante de haber interpuesto una sociedad instrumental como tapadera para ocultar la verdadera identidad de los obligados tributarios.
De este modo, la Duquesa contribuyó presuntamente, como socia de Aizoon, a que Urdangarin pudiera valerse de esta empresa 'pantalla' para facturar a través de la misma, como si de rendimientos de actividades económicas se tratasen, y no personales, las retribuciones que cobró de numerosas entidades privadas de las que era consejero asesor, y de este modo tributar menos en su declaración de la renta.
Tanto la Fiscalía como Manos Limpias consideran que Aizoon era una de las mercantiles ficticias que integraban el entramado societario liderado por Urdangarin y su exsocio Diego Torres, presuntamente dirigido a desviar los fondos obtenidos por el Instituto Nóos -hasta 5,9 millones de euros- desde las Administraciones públicas.
La Fiscalía sostiene que la Infanta se lucrñi a través de Aizoon
Por su parte, el Ministerio Público, pese a apuntar a la inexistencia de indicios de criminalidad por parte de la Duquesa, incluirá a ésta en su escrito de calificación en calidad de responsable civil a título lucrativo, al acusarla de lucrarse de parte de los fondos que de forma irregular percibió Aizoon del entramado, y que ascienden a más de un millón de euros.
Y es que Cristina de Borbón habría obtenido un beneficio o aprovechamiento ilícito de las cantidades supuestamente defraudadas en el seno de la organización delictiva urdida por su marido y el exsocio de éste, Diego Torres. La Fiscalía incluirá a la Infanta en su escrito de calificación junto a otros diez responsables civiles que se habrían lucrado de la trama.
Aplicación de la doctrina Botín
Una vez tenga en sus manos el escrito de acusación de Manos Limpias, Castro deberá decidir si aplica o no la doctrina Botín sobre la Infanta, es decir, si la envía al banquillo de los acusados o si archiva definitivamente la causa para la Duquesa.
En concreto, esta doctrina impide juzgar a alguien si únicamente le acusa quien ejerce la acción popular, en este caso Manos Limpias, y no la Fiscalía o el perjudicado por el delito cometido. Hasta el momento, ni Ministerio Público ni Agencia Tributaria han apuntado a la existencia de indicios criminales sobre la hermana del Rey.
Por su parte, Urdangarin podrá enfrentarse a una petición por parte de Fiscalía de hasta veinte años de cárcel por la presunta comisión de delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude a la administración, tráfico de influencias, estafa, falsedad en documento oficial, falsedad en documento mercantil y dos delitos fiscales.
Resto de imputados
Respecto al resto de imputados, sobre Diego Torres, su mujer, Ana María Tejeiro, y los hermanos de ésta, Marco Antonio y Miguel Tejeiro, pesan delitos de prevaricación, malversación, fraude a la Administración, tráfico de influencias, estafa, falsedad, blanqueo de capitales y un delito fiscal.
A nivel balear, se encuentran imputados por prevaricación, malversación, fraude y tráfico de influencias el expresidente del Govern Jaume Matas, el exdirector general de Deportes José Luis 'Pepote' Ballester, el exgerente de la Fundación Illesport Gonzalo Bernal, el del Instituto Balear de Turismo (Ibatur), Juan Carlos Alía, y el exasesor jurídico de esta última empresa Miquel Àngel Bonet.
En cuanto a los exaltos cargos de la Generalitat Valenciana, están imputados el vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, el exsecretario de Turismo Luis Lobón, los exdirectores generales de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA) José Manuel Aguilar y Jorge Vela, y la exdirectora de Gestión de esta entidad Elisa Maldonado.
En Madrid, se encuentran encausados la exconsejera delegada de la Fundación Madrid 16, dependiente del Ayuntamiento de la capital madrileña, Mercedes Coghen -prevaricación, malversación, fraude y tráfico de influencias-, así como el exdirector financiero de Madrid 16 Gerardo Corral y quien fuera director de Deportes del Ayuntamiento de Madrid bajo la alcaldía de Alberto Ruiz Gallardón, Miguel de la Villa. También está imputado el supuesto creador de una estructura para poder desviar fondos al extranjero, Salvador Trinxet.
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