Este código de conducta ha sido suscrito a nivel internacional por más de mil organizaciones turísticas entre aerolíneas, agencias de viajes, compañías hoteleras, etcétera.
A través de este documento, las empresas se comprometen a «luchar de forma activa» contra la prostitución infantil y, para ello, desarrollan una política ética corporativa contra la explotación sexual comercial de niños y adolescentes.
También se fijan como objetivos formar al personal sobre esta problemática, tanto en el país de origen como en los países de destino, introducir una cláusula en los contratos con los proveedores donde rechacen la explotación sexual de los menores, y proporcionar información a los turistas mediante catálogos, folletos y vídeos durante los vuelos.
Según las estimaciones de UNICEF, unos 2,8 millones de niños en el mundo sufren esta situación de explotación sexual.
La diputada de MÉS Fina Santiago ha puesto de manifiesto el «grave problema» que supone la explotación sexual de menores en todo el mundo.
Se trata de un «problema internacional, pero también local», ha dicho Santiago, que ha añadido que el turismo sexual representa una de las más «crueles» modalidades de explotación infantil, ya que los turistas se aprovechan de la grave desigualdad social entre países, de la pobreza y de la vulnerabilidad social de las familias.
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