Se desdice el empresario que atribuyó a Urdangarin una transferencia de Telefónica

Juan José López Ribes, que ha declarado por videoconferencia desde la cárcel de Barcelona, donde se encuentra ingresado, remitió varias cartas a Telefónica en las que relacionaba al duque de Palma con la supuesta transferencia a un banco de Ucrania, misivas que fueron encontradas en un registro judicial realizado en su domicilio.

Ayer, la empresa de comunicaciones informó al juez instructor que el traspaso de fondos fue realizado en diciembre de 2007 mediante la suplantación de la personalidad de dos de sus apoderados y que, en cuanto tuvo conocimiento de la estafa, ordenó la devolución de la transferencia y presentó una denuncia.

El empresario encarcelado, que tenía negocios en Ucrania y fue el receptor de la transferencia, inició un proceso para reclamar a Telefónica la compensación por supuestos perjuicios en el que planteó por escrito que la operación estaba ligada con actividades de Urdangarin, pero este sábado ha dicho no recordar nada del asunto, según fuentes jurídicas.

Valencia Summit

Por su parte, el vicealcalde del Ayuntamiento de Valencia y presidente de la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau (FTVCB), Alfonso Grau, ha declarado este sábado en calidad de imputado en el caso Nóos y en su comparecencia ante el juez José Castro ha asegurado que el precio de los eventos Valencia Summit, que costaron a las arcas públicas 3,6 millones de euros -a pesar de que para ello únicamente se emplearon 910.600 euros-, vino dado desde la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa), previa determinación por parte del Instituto Nóos presidido entonces por Iñaki Urdangarin.

En su declaración, que se ha prolongado durante aproximadamente una hora y ha tenido lugar en los Juzgados de Vía Alemania de Palma, el encausado ha insistido en el carácter privado de la FTVCB, que junto a Cacsa y Nóos firmó en 2004, 2005 y 2006 el convenio y sus dos posteriores addendas para la celebración de las tres ediciones del Valencia Summit, por lo que ha negado que desde el Consistorio valenciano hubiera podido producirse un desvío de fondos a la organización de los eventos, según han señalado fuentes jurídicas.

Una afirmación que contrasta con las conclusiones arrojadas en sendos informes por parte de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y el Tribunal de Cuentas, en los que determinan que la FTVCV pertenece al sector público, integrada en concreto en el Ayuntamiento de Valencia y, por tanto, está sometida a las normas de contratación pública.

Tal y como ha recordado, fue el exsecretario autonómico de Turismo Luis Lobón quien le comunicó que se había reunido con el exsocio de Urdangarin Diego Torres y con el entonces director general de Cacsa, José Manuel Aguilar, de cara a negociar la celebración de los Summit, y quien le dijo que le enviaría un dossier con las condiciones para la organización de estos eventos.

En esta línea, ha apuntado que sabía que Urdangarin estaba detrás del Instituto, lo que, según ha recordado, contribuyó a que se decantaran por Noos para la celebración de los Valencia Summit. De hecho, ha subrayado que si el Duque no hubiera estado presente en la entidad, ésta no habría sido contratada. Grau ha señalado al respecto que inicialmente estaba previsto impulsar cuatro ediciones, si bien la última no se celebró porque el marido de la Infanta Cristina ya no pertenecía a Nóos.

Finalmente, el imputado ha recalcado, ante el elevado precio de los Valencia Summit, que puesto que era un patrocinio no hacía falta justificar las facturas. Y es que, según un informe de la Agencia Tributaria, sólo en 2004 Nóos destinó a la preparación del primer Valencia Summit 194.436 euros, a pesar de que para ello había percibido un total de 1,044 millones públicos.

Un año después, de los 1,5 millones que recibió, tan sólo gastó en facturas de la segunda edición 395.597 euros, mientras que en lo que a la tercera edición se refiere, el Instituto recibió 1,049 millones, de los que empleó 320.635 euros para el evento. Así, hasta un total de 3,6 millones de euros recibió Nóos de la Administración pública valenciana por las tres ediciones del evento deportivo.

Imputado a petición de los concejales socialistas de Valencia

El encausamiento de Grau se produjo después de que así lo solicitasen los concejales del PSPV en el Ayuntamiento valenciano, personados como acusación popular en el caso Nóos. En el auto por el que el juez Castro le citó finalmente a declarar como imputado, el magistrado alegaba que «existen indicios fundados de criminalidad» en los hechos relacionados con la firma y ejecución de los convenios.

En su resolución, Castro incidía en que «existen indicios racionales de que en las diferentes contrataciones se orilló el interés general, se prescindieron de los obligados cauces administrativos de contratación, no se llevó a cabo ningún estudio previo de viabilidad ni de ajuste a los precios de mercado así como tampoco se fiscalizó el desarrollo del convenio ni se pidió al Instituto Nóos que justificara el destino de los fondos recibidos».