Los querellantes presentaron el escrito a principios de abril, y en él pedían al juez que imputara a Bauzá, Camps y Estarellas por los delitos de prevaricación, desobediencia e impedir el ejercicio de los derechos cívicos por «la imposición del TIL (Tratamiento Integrado de Lenguas)».
Según confirmaron a fuentes judiciales, el ministerio público no ve indicios de delitos en los hechos denunciados por la FAPMA, y por ello, pide al magistrado que no la admita a trámite. El contenido de la querella contra los responsables de la política educativa de Balears fue consensuado en las asambleas de padres y madres celebradas los pasados meses de octubre y noviembre de 2013.
La decisión de la Fiscalía no ha supuesto ninguna sorpresa para el abogado de la FAPMA, Jaume Asens, quien no albergaba ninguna esperanza en que este órgano judicial se pronunciase a favor de una querella y de hecho interpretó como un síntoma positivo que el juez instructor solicitase la opinión de la Fiscalía cuando podría haber desestimado la querella directamente.
En uno de sus párrafos señala: «La imposición de los proyectos del TIL contra el criterio del consejo escolar de los centros podría constituir un delito de impedimento del ejercicio de los derechos cívicos». La querella también alude a los expedientes a los directores de los tres institutos de Maó y a la adopción del decerto-ley del TIL, dos horas después de que el Tribunal Superior de Justicia de Balears dejase sin efecto su aplicación.
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