El proyecto de Ley de Ordenación Minera de las Islas Baleares ha sido presentado este viernes en rueda de prensa por el conseller de Economía y Competitividad, Joaquín García, que ha explicado que se pretende responder a la necesidad de regular el sector, crear seguridad jurídica y asegurar la restauración de las explotaciones.
De manera especial se persigue protección del medio ambiente y la restauración del paisaje.
El texto aprobado, que será remitido al Parlament balear para su tramitación y deliberación, ha sido debatido con propietarios y explotadores de derechos mineros, consells insulars, ayuntamientos, y grupos parlamentarios en más de doce reuniones con el fin de llegar al máximo consenso.
El proyecto de ley incorpora la obligatoriedad de restauración de las excavaciones o cualquier terreno afectado por extracciones. De hecho, la restauración debe comenzar antes del inicio de la explotación.
No se trata simplemente de rellenar el terreno en cuestión, sino de dejarlo en estado satisfactorio y que no afecte el medio natural. En este contexto de conservación del medio ambiente, no se permitirá la caducidad de un permiso de explotación de una cantera sin que antes se haya restaurado.
Las 124 explotaciones activas que hay en Baleares deben contar con su plan de restauración, pero el Govern quiere ir más lejos y que también se restauren otras 1.025 (883 en Mallorca, 58 en Menorca, 78 en Ibiza y 6 en Formentera) que por ley no tienen obligación de hacerlo porque sus permisos son anteriores al año 1982.
Las 124 explotaciones activas producen 2,4 millones de toneladas al año y emplean de manera directa a 422 personas, además de la ocupación indirecta que genera en el ámbito de la construcción.
En caso de que se incumpla la obligación de restaurar se prevén duras sanciones y medidas específicas, como que la administración autonómica asuma esta tarea y, en casos concretos, hasta la expropiación de los terrenos.
Con la futura ley, ha insistido el conseller, se garantiza la protección del Medio Ambiente y se permitr la recuperación del territorio afectado por las canteras abiertas, abandonadas y futuras.
El proyecto recoge técnicamente la realidad del sector y pretende responder a la «necesidad evidente de una regulación integral, moderna y eficaz del sector minero balear», ha señalado el conseller.
Un punto destacado de este proyecto es la obligación de que todas las explotaciones mineras obtengan la declaración de impacto ambiental antes de diciembre de 2014 por parte de la Comisión Balear de Medio Ambiente.
La nueva norma prevé la creación de un registro minero para conseguir la máxima transparencia, así como la constitución del Consejo de la Minería, como órgano consultivo y de asesoramiento de la Comunidad Autónoma en el marco de la defensa ambiental y el desarrollo sostenible.
Su finalidad será estimular el consenso y la unidad de acción en materia de minería e impulsar la coordinación de los intereses públicos y privados para fomentar una política minera insular sostenible, así como estar informado de todas las actualizaciones.
De este nuevo órgano formarán parte ayuntamientos, federaciones de municipios, organizaciones sindicales y empresariales, colegios profesionales, asociaciones de defensa del Medio Ambiente y otros agentes socio-económicos.
Entre sus funciones se encuentran emitir informes sobre normativas, proyectos de reglamentos y planes sectoriales de las actividades de extracción y restauración.
Unos «actores con especial consideración» con esta nueva ley serán los consells insluars y los ayuntamientos en el ámbito de sus competencias ya que se verán reforzadas, ha dicho García.
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