El exsecretario y exasesor jurídico del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) -empresa dependiente del Govern- Miquel Àngel Bonet, quien desde este martes se sienta en el banquillo porhaber desviado hasta 95.536 euros a las cuentas corrientes de sus familiares sin contraprestación alguna, ha reconocido que cometió con ello un «error terrorífico» del que se arrepiente «profundamente» y ha justificado que los hechos sucedieron en una época en la que «no era yo mismo».
En su declaración ante el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares, el acusado, para quien la Fiscalía Anticorrupción solicita cinco años de prisión, ha manifestado, visiblemente afectado, que desde que fue detenido por primera vez justo hoy hace cinco años -el 12 de febrero de 2009-, «lo único que he tratado ha sido reparar el daño en la medida de lo posible, y pedir perdón por quienes han tenido que sufrir por lo que hice», ha reconocido entre lágrimas.
«Reconozco que obré mal, inducido por unos años muy malos de mi vida», ha incidido el inculpado, quien se encuentra además imputado en otros casos de presunta corrupción, entre los que se encuentra el caso Nóos a raíz de su intervención en la adjudicación presuntamente irregular de los eventos Illes Balears Forum, cuya organización corrió a cargo del Instituto Nóos, presidido entonces por Iñaki Urdangarin por un total de 2,3 millones de euros públicos, parte de cuyo destino se desconoce.
Malversación
En concreto, Bonet es el primer imputado del caso Ibatur (centrado en el presunto desvío masivo de fondos a través de esta empresa pública durante dos legislaturas -de 2003 a 2011-) que se sienta en el banquillo, y junto a él están siendo juzgados cuatro familiares que resultaron beneficiados de esta supuesta trama, quienes se enfrentan por su parte a un año y tres meses de prisión cada uno.
Tal y como ha remarcado a preguntas del fiscal Juan Carrau, meses antes de ser arrestado la Policía acudió al Ibatur en el marco del caso Scala -una trama de desvío de fondos a través del Consorcio de Desarrollo Económico de Baleares- pero no comentó nada sobre los contratos que adjudicó de forma irregular. Ya el día de su detención, el inculpado ha recordado que se encontraba «encerrado, sin saber qué me pasaba. Estaba muy nervioso», ha recordado Bonet, quien ha señalado que «tardé menos de 24 horas en darme cuenta de que tenía que decir la verdad sobre los contratos mal hechos».
De hecho, al ser detenido, no sólo reconoció haber defraudado a las arcas públicas 20.000 euros mediante contratos irregulares entre 2006 y 2007, motivo por el cual fue arrestado, sino que confesó además haber hecho lo mismo en seis ocasiones más con otros familiares, malversando hasta un total de 85.000 euros, la misma cantidad que se le impuso como fianza -posteriormente ampliada a 250.000 tras ser detenido por segunda vez-.
Al preguntarle el fiscal por qué en la Policía dijo que había sido inducido por otro exasesor jurídico del Ejecutivo balear, Joan Bauzá -entonces ya fallecido-, el exalto cargo ha respondido que lo hizo «por miedo» y «no se me ocurrió qué otra explicación podía dar», si bien finalmente acabó confesando los hechos. «Estoy muy arrepentido, es una cosa que no debería haber hecho», ha insistido.
El acusado, a quien la Fiscalía atribuye delitos de malversación continuada de caudales públicos, prevaricación, falsedad en documentos mercantiles y falsedad por funcionario, con la atenuante de confesión, ha reconocido que fue a finales de 2003 (tras iniciarse la segunda legislatura de Jaume Matas) cuando comenzó a hacer contratos ficticios, llevando a cabo las gestiones necesarias para que se crearan expedientes de contratación pública que fuesen sufragados por el Ibatur sin realizar a cambio servicio alguno.
«Ni yo mismo entiendo por qué actué así»
Así, confeccionó expedientes de contratos menores en los que simulaba que los acusados eran contratados para prestar trabajos a la Administración que en realidad nunca se hicieron. «Me dijeron que me pagarían un salario que no se me dio y me encomendaban tareas por las que no cobraba», ha justificado Bonet, quien ha admitido no entender «ni yo mismo» por qué actuó de forma irregular.
Los inexistentes servicios, de este modo, eran facturados al Ibatur para luego, una vez obtenido el pago, ser incorporado al patrimonio de los imputados. Tal y como recuerda la Fiscalía, Bonet tramitó el pago de 20.543 euros al acusado Alberto Garí; 32.306 euros en favor de Cristina Middelmann; 20.668 euros a Margarita Fiol -en una cuenta en la que también figuraba María Teresa F.N., de 97 años de edad y que no tuvo participación en los hechos-, y 22.018 euros a Silvina Guijarro.
Así las cosas, ha manifestado que «desde el primer momento mi voluntad fue que la Justicia no tuviera que perder tiempo en buscar cosas que eran obvias. Me dije 'basta, se ha acabado, no puedo seguir con este tipo de vida'. Quería quedar en paz con la sociedad», ha remachado.
Detenido en dos fases judiciales
En concreto, la detención del encausado por estos hechos se produjo en la primera fase policial del caso Ibatur, a la que siguieron cuatro operaciones más con más de una veintena de arrestados entre exaltos cargos de PP y UM y empresarios presuntamente implicados en una trama que habría servido para desviar millones de euros desde la empresa dependiente de la Conselleria de Turisme.
Bonet volvió a ser detenido en junio de 2010 junto a los exgerentes del Ibatur Raimundo Alabern y Juan Carlos Alía -el único de los imputados que ingresó en prisión-, en el marco de una causa que permaneció bajo secreto durante más de año y medio.
Las investigaciones del caso se extienden asimismo a dos empresas de Madrid, Over Marketing -presuntamente relacionada con el caso Gürtel- y Match Golf, dedicada a la organización de espectáculos deportivos y adjudicataria del torneo de golf Mallorca Classic. Una de las líneas de investigación apunta al desvío de unos 17 millones de euros con motivo del patrocinio de este evento por parte del Gobierno balear a raíz de las numerosas facturas halladas sin justificar en torno al torneo que se celebra anualmente en s'Era de Pula (Son Servera).
Las pesquisas apuntan además a que entre 2005 y 2007 el Ibatur efectuó un continuo fraccionamiento de contratos para que pudieran ser adjudicados de forma directa, una fórmula de que se habrían visto favorecidas unas 70 empresas. Las investigaciones se ampliaron posteriormente a la pasada legislatura, cuando UM estaba al frente de la Conselleria de Turisme.
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