El fiscal jefe de Balears cree que la Guardia Civil concluirá "pronto" las diligencias abiertas

Barceló a hecho estas declaraciones a los medios de comunicación tras el acto de celebración del XXXII aniversario de la Constitución española, celebrado en el Palacio de la Almudaina de Palma, y en el que la crisis aérea ha estado presente tanto en el discurso del presidente del Govern, Francesc Antich, como en el del delegado del Gobierno en Baleares, Ramon Socías, quienes han criticado "el chantaje inadmisible" que los controladores hicieron al Ejecutivo central.

El fiscal jefe ha explicado que, tras la publicación el pasado sábado en el BOE del decreto que dictaba el estado de alarma, la Fiscalía de Baleares dejó de ser la encargada de llevar las diligencias abiertas contra los controladores para pasar a manos de "la autoridad militar competente".

Cabe señalar, que la Fiscalía General del Estado instó a la de Baleares a abrir "inmediatamente" diligencias informativas por un presunto delito de sedición previsto en la ley penal y procesal de navegación aérea, ha indicado Barceló.

Barceló ha indicado que acometió de manera inmediata esta orden abriendo diligencias de investigación penal, así como ordenando al coronel de Baleares de la Guardia Civil que procediera a la investigación de los hechos y a la identificación de las personas responsables de los mismos.

El fiscal jefe ha señalado que no cree que la Guardia Civil vaya a tener dificultades para identificar a los controladores que participaron en la huelga encubierta. Asimismo, ha añadido que están a la espera de que concluyan estas diligencias para determinar las posibles consecuencias.

Pena máxima de seis años

Respecto a la sanción que podría recaer sobre los controladores que abandonaron sus puestos de trabajo, Barceló ha apuntado que la Ley penal y procesal de navegación prevé una pena máxima de seis años de prisión, si bien ha puntualizado que no cree que alcance esta sanción.

Barceló ha explicado que la ley penal y procesal de navegación prevé penas entre los seis meses y un día hasta los seis años. No obstante, ha matizado que estas sanciones hay que "atemperarlas al Código Penal vigente de 1995" para ver la pena que corresponde.