Carbonero confía en el apoyo del PP a la Ley de Barrios

Carbonero anunció ayer que en febrero se celebrará la Comisión en la que se estudiarán las enmiendas presentadas por los 'populares' al Proyecto de Ley de Barrios, aprobado el 17 de octubre. El Proyecto cuenta con una financiación por parte del Ejecutivo de hasta el 80 por ciento para sufragar la rehabilitación de las barriadas, de forma que el Govern destinará una inversión mínima de 10 millones de euros anuales para ayudar a los ayuntamientos a rehabilitar sus barriadas, con el fin de que las doten de espacios verdes, reformen sus fachadas, supriman las barreras arquitectónicas e incorporen las tecnologías de la información en los edificios.

En concreto, la Ley de Barrios se centra en una serie de ejes prioritarios, entre los que destaca el fomento de la dinamización económica y social de los barrios, favorecer la cohesión, la igualdad y el bienestar social, así como la mejora de los espacios urbanos de estos núcleos poblacionales, entre otras actuaciones.

26 proyectos
No obstante, con independencia de esta Ley, el Ejecutivo aprobó en octubre destinar un total de 12,54 millones de euros para subvencionar entre el 2008 y 2010 un total de 26 proyectos de rehabilitación de barrios en 25 municipios de Mallorca y Menorca, después de que el Govern realizara dos convocatorias de ayudas. Pese a que las convocatorias contemplaban la posibilidad de que el Govern subvencionara el 80 por ciento del coste de los proyectos, finalmente, sufragará una media del 56,4 por ciento, debido a que no todos los Ayuntamientos cumplían los requisitos exigidos, sobre todo en lo que hacía referencia a la rehabilitación de las fachadas.

De los 26 proyectos aceptados (22 en Mallorca y 3 en Menorca) se deriva una inversión de 22,25 millones de euros en los próximos tres años, de los cuales 12,54 millones son aportados por el Govern. A las dos convocatorias de ayudas se presentaron 50 solicitudes de ayuntamientos, de las que se seleccionaron 26 planteadas por los municipios de Palma y tres de los Consistorios menorquines de Mahón, Alaior y Ferreries. El principal requisito para acceder a las ayudas económicas era que las reformas de los barrios contaran con un presupuesto mínimo de 300.000 euros.