La transición hacia la vejez conlleva cambios significativos tanto en el ámbito físico como en el social. Las personas mayores enfrentan un descenso de sus ingresos debido a la jubilación, lo que hace que las pensiones desempeñen un papel crucial. En España, el sistema de pensiones público ha sido históricamente uno de los principales mecanismos para proteger, no solo a los mayores de la pobreza, sino, en ocasiones, a toda un familia. Sin embargo, este sistema se enfrenta a presiones crecientes debido al envejecimiento demográfico, el descenso de la natalidad y la prolongación de la esperanza de vida. Estos factores ponen en riesgo la sostenibilidad del modelo, lo que genera debates sobre la necesidad de reformas y ajustes.
Para muchas personas mayores, las pensiones representan su única fuente de ingresos. En este contexto, también hay que recordar la brecha de género existente. No en vano, las mujeres suelen recibir pensiones más bajas debido a trayectorias laborales más cortas o marcadas por la precariedad y las interrupciones relacionadas con el cuidado de la familia. Por todo ello, esta desigualdad de género se traduce en una mayor vulnerabilidad para las mujeres mayores.
La pobreza en la vejez no solo tiene implicaciones económicas, sino también sociales y psicológicas. Las personas mayores con recursos limitados se enfrentan dificultades para acceder a servicios esenciales como la atención sanitaria, la vivienda adecuada y la alimentación.
En España, las pensiones no contributivas, destinadas a quienes no han cotizado lo suficiente para acceder a una pensión contributiva, son una herramienta clave para combatir la pobreza en la vejez. Sin embargo, el importe de estas pensiones es insuficiente para cubrir las necesidades básicas y más en el Archipiélago, donde todo está por las nubes, lo que obliga a muchas personas mayores a depender de los Servicios Sociales, de ayudas familiares o de entidades sociales. En este sentido, el Informe sobre el Estado de la Pobreza en las Islas Baleares, auspiciado por EAPN-Illes Balears, pone de manifiesto que el 39% de los pensionistas de las Islas, es decir, 80.000 personas, reciben una renta inferior al umbral de la pobreza (785€, en 14 pagas), y que casi 34.000 pensionistas están en situación de pobreza severa, puesto que cobran menos de 523€ (en 14 pagas). Así pues, esta situación pone de manifiesto la necesidad de reforzar las políticas sociales dirigidas a este colectivo, garantizando que ninguna persona mayor quede relegada a una situación de pobreza.
Otro aspecto crucial relacionado con las pensiones y la pobreza en la vejez es el acceso a la vivienda. Muchas personas mayores viven en viviendas propias, lo que en principio podría parecer una ventaja. No obstante, un porcentaje de estas viviendas se encuentra en condiciones deficientes o requiere adaptaciones para satisfacer las necesidades de movilidad y seguridad de los mayores. Además, los costes asociados al mantenimiento de la vivienda pueden ser una carga pesada. Por otro lado, quienes viven de alquiler enfrentan un mercado inmobiliario cada vez más caro.
La sostenibilidad del sistema de pensiones en España es un tema de constante debate. Las propuestas de reforma suelen incluir medidas como el aumento de la edad de jubilación, el incremento de las cotizaciones sociales o la introducción de sistemas complementarios de ahorro privado. No obstante, cualquier cambio debe ser cuidadosamente evaluado para garantizar que no se traduzca en una mayor desprotección para las generaciones presentes y futuras de mayores. Por todo ello, es fundamental que las reformas no solo busquen la viabilidad económica del sistema, sino que también tengan en cuenta la equidad y la justicia social.
