Sabemos que el cambio climático afecta especialmente a los más vulnerables, y dentro de estos, las mujeres y las niñas. En general, las mujeres y las niñas sufren mayores riesgos y cargas asociados al cambio climático, debido a situaciones de pobreza, pero también a los roles asociados con el género y las propias normas culturales.
Por esta razón, según señala el manifiesto Género y cambio climático (Alber, 2019), es importante aplicar la perspectiva social al tratamiento del cambio climático, dentro de la cual, la desigualdad de género es una de las desigualdades sociales más determinantes.
Invertir en igualdad de género y en el empoderamiento de las mujeres y las niñas es invertir en políticas efectivas para mejorar la conservación del medio ambiente, reducir la pobreza y asegurar que se alcanzan los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París.
Cuando se ponen en marcha políticas climáticas que consideran el enfoque de género, no solo estamos proporcionando una mejor respuesta al cambio climático, sino que estamos, además, teniendo en cuenta los derechos de las mujeres y reduciendo la desigualdad.
Además, es evidente que las mujeres debemos estar en el centro de los procesos transformadores que están teniendo lugar. Somos agentes del cambio que podemos y debemos ser parte de la solución, tenemos que participar activamente en este nuevo mundo que estamos creando hoy, jugando un papel activo, liderando y enriqueciendo el debate político y asegurándonos de que estamos en el centro de la toma de las decisiones.
Esto lo sabemos hacer muy bien desde las organizaciones de economía social. Somos un ejemplo para el resto de las empresas por la igualdad de oportunidades que tienen las mujeres para acceder a los puestos de responsabilidad y por la facilidad para poder expresar sus opiniones al tratarse de organizaciones democráticas.
El reto al que nos enfrentamos es mayúsculo y el proceso de recuperación económica de la crisis sanitaria actual es una oportunidad histórica de hacer las cosas bien, de promover un desarrollo sostenible que cumpla con los objetivos climáticos del Acuerdo de París y que ponga a las personas en el centro de la toma de decisiones. Un proceso que, para ser exitoso, debe ser beneficioso socialmente y justo para todos.
