Apple confirmó a mediados de septiembre que estaba preparando una de 'software' para resolver los niveles de radiación detectados por las autoridades francesas en el iPhone 12, que motivaron su retirada del mercado, pese a considerar que se trata de una cuestión de los protocolos empleados en el país galo, y no de salud.
No obstante, dado que la legislación sobre emisiones es común a todos los países de la Unión Europea, OCU exige que la actualización se distribuya también al resto de móviles comercializados en los estados miembros.
Así lo expresa en una nota de prensa, donde también recuerda que la tasa de absorción de ondas de radiofrecuencia analizada por la Agencia Nacional de Frecuencias (ANFR) francesa solo se ha detectado por encima del límite para las mediciones de las extremidades, no en la cabeza ni en el tronco.
Son, además, mediciones realizadas en la peor situación posible, tal y como exige la normativa: con el móvil emitiendo a máxima potencia, en la red más desfavorable y en la posición en la que la antena del móvil más incide sobre el cuerpo. E incluso subraya que los límites de seguridad la Unión Europea son 50 veces inferiores a los necesarios para que se produzca un aumento de 1ºC en la temperatura de la cabeza.
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