El Gobierno toma medidas contra las estafas telefónicas

En concreto, la cartera que dirige José Luis Escrivá ha iniciado el trámite de audiencia pública de una orden ministerial que incluye las modificaciones normativas necesarias para poner en marcha el plan. Las medidas que se implementarán incluyen la prohibición de la numeración móvil para la realización de llamadas comerciales, de forma que la ciudadanía «pueda detectar que es un fraude si reciben una llamada desde una numeración de este tipo».

«Además, se permitirá con carácter general la utilización de números 800 y 900 por parte de las entidades que tengan asignados estos números para la realización de llamadas comerciales, de forma que, si un usuario tiene un número 800 o 900 guardado en su agenda como el servicio de atención de una empresa de la que es cliente, le aparezca como tal cuando esta le llame para realizar una oferta comercial», ha añadido el Ministerio para la Transformación Digital. Otra de las medidas que se llevarán a cabo en el marco de la estrategia del Gobierno para combatir las estafas de este tipo es el bloqueo por parte de los operadores de las llamadas que utilizan números que no hayan sido atribuidos a ningún servicio, asignados a ningún operador o adjudicados a ningún cliente.

Los operadores también bloquearán las llamadas y los SMS de numeración nacional con origen internacional, «uno de los focos de fraude más habitual», ha destacado la cartera que dirige Escrivá. Asimismo, se creará una base de datos --que gestionará la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC)-- con los usuarios que utilizan alfanuméricos en sus mensajes (por ejemplo, el nombre de la compañía). «Aquellos mensajes procedentes de entidades no incluidas en esta base de datos quedarán bloqueados», ha añadido el ministerio. Transformación Digital ha subrayado que las estafas de suplantación de identidad suelen comenzar con una llamada (CLI Spoofing) o un mensaje de texto (SMS Smishing) en los que el emisor suplanta la identidad de una organización de confianza con la intención de defraudar, a través de un engaño al consumidor, para que proporcione información personal o financiera, facilite sus claves personales o realice alguna acción fraudulenta.

Este tipo de fraudes se han incrementado en los últimos años, según los informes del Banco de España, el Ministerio del Interior o el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe). «Estas estafas son relevantes ya que hacen disminuir la confianza de la ciudadanía en la fiabilidad y seguridad del contenido transmitido a través de las comunicaciones electrónicas, perjudicando a aquellas empresas y organismos que hacen uso de llamadas y mensajes de texto legítimamente y, además, causan importantes daños financieros y económicos a todos los sectores de la sociedad, incluidos los consumidores, las empresas y los organismos públicos», ha recalcado Transformación Digital. En ese sentido, algunos países europeos, como Finlandia, han puesto en marcha medidas similares a las del plan del Gobierno y han reducido las estafas por suplantación de identidad en casi un 90%, según el Ejecutivo.