La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo. | Efe - Chema Moya

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El diputado de Compromís en el Congreso adscrito al grupo Sumar Alberto Ibáñez ha criticado este martes el acuerdo entre Junts y PSOE para la delegación de competencias de migración en Cataluña. «No existe diferencia entre gestionar una prisión ilegal en español o catalán. La única propuesta coherente con los derechos humanos es cerrar los CIES (Centros de Internamiento de Extranjeros)», ha proclamado a través de un mensaje en la red social 'X'.

El diputado ha opinado que el pacto para la cesión de competencias es «grave» y que es imprescindible analizar la letra pequeña de la proposición de ley registrada por PSOE y Junts en el Congreso, de cara a evaluar sus repercusiones. Ibáñez ha opinado que, sin duda, no se puede contribuir a la «batalla cultural» con «marcos fascistas», porque en España el problema «no es la inmigración sino la especulación y el rentismo» en vivienda.

Al respecto la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado que conocía el contenido del acuerdo suscrito entre PSOE y Junts para la cesión de competencias de inmigración a Cataluña, toda vez que ha apuntado que se trata de «una delegación de competencias compartida» que «no altera las competencias del Estado».

En una entrevista en 'La hora de la 1' de TVE, que ha recogido Europa Press, la vicepresidenta ha valorado como «importante» la proposición de ley registrada este martes en el Congreso por socialistas e independentistas catalanes porque se encuentra en el marco constitucional, la legislación europea y dentro del respeto a los derechos humanos. «Quiero señalar para dar tranquilidad que se encuentra en el marco del respeto constitucional y también del respeto a las competencias que nos marcan las directivas europeas», ha explicado, para después añadir que «lo trascendente» es que el respeto a los derechos humanos «queda garantizado».

Díaz ha indicado que la norma se enmarca en el artículo 150 de la Carta Magna y que es «una delegación de competencias compartida, es decir, no se alteran las competencias que tiene el Estado» en inmigración. Por ello, ha pedido a la oposición, y en concreto al PP, que «lo estudie con calma y profundidad» y que en todo caso realice «las matizaciones que quieran» en la tramitación parlamentaria de la ley.

Después de defender la norma porque cree «en el espíritu autonomista» y porque considera que «cuanto mayor cercanía» haya en las competencias «es previsible que se gestione mejor», la titular de Trabajo ha insistido es que debe ser «siempre respetando y velando por la titularidad del Estado», como en el caso de los permisos de residencia, que según el acuerdo se gestionarán a través de la Generalitat. Preguntada sobre si Sumar votará que sí a la proposición de ley en la Cámara Baja, Díaz ha eludido responder y se ha limitado a decir que «la propuesta que se formula hoy» respeta los derechos fundamentales de los migrantes, y que en todo caso habrá que esperar «a las aportaciones» que se realicen durante la tramitación parlamentaria.