El Congreso rechaza ilegalizar las «empresas de desokupación»

Durante el debate, la exministra y portavoz de Podemos, Ione Belarra, ha sostenido que estas empresas son «organizaciones parapoliciales fascistas violentas» y que su existencia legal es un «problema democrático gravísimo».

El PP ha replicado que con el Código Penal en la mano se les podría imponer 27 años de prisión, mientras que con la propuesta de Podemos «serían solamente cuatro años por delito de odio».

«Con ustedes los delincuentes tienen un chollo», le ha dicho el diputado del PP Daniel Pérez Osma a Belarra.

Ésta ha defendido que el Código Penal permite ilegalizar «inmediatamente» a estas empresas y ha advertido a los socialistas de que «si no toman cartas en el asunto se van a arrepentir».

La iniciativa ha contado con el apoyo de Sumar, ERC, EH Bildu, los votos en contra del PP y Vox y la abstención de Junts per Catalunya y el PSOE.

El socialista Víctor Camino ha explicado que su grupo «comparte el espíritu» de la proposición no de ley de Podemos, pero no la ha respaldado por considerar que con la reforma del Código Penal en tramitación se producirá el «cambio necesario para desarticular o ilegalizar» estos grupos y que con los artículos 169 y 172 del código «se puede acabar con las amenazas y coacciones».

Negacionistas de la 'okupación'

En nombre de Vox, Carlos Hernández Quero ha tildado a los partidos de izquierdas de «negacionistas de la okupación», porque todos han coincidido en que este problema afecta solo a un 0,057 % y en que es un fenómeno social «residual».

Tras recalcar que, según la Plataforma Antiokupación, en España hay 100.000 afectados al año por ocupaciones de vivienda, Hernández Quero ha subrayado que esos datos solo corresponden a denuncias por la vía penal y ha asegurado que hay cifras de vías civiles que el Gobierno no ofrece y que además «la mayoría no se denuncian».

Por su parte, la parlamentaria de Junts Marta Madrenas ha señalado que en Cataluña existe un «problema grave» en este ámbito, con 9.477 «okupaciones» en 2022, 9.247 en 2023 y 5.364 hasta junio de 2024, según datos de la Generalitat, lo que supone una media de 2,5 por cada 1.000 viviendas.