El Gobierno aprueba el nuevo «permiso climático»: hasta 4 días de ausencia al trabajo por catástrofes

En concreto, los trabajadores dispondrán de permisos remunerados de hasta cuatro días por imposibilidad de acceder al centro de trabajo o transitar por las vías de circulación necesarias para acceder al mismo, como consecuencia de las recomendaciones, limitaciones o prohibiciones al desplazamiento establecidas por las autoridades competentes, así como cuando concurra una situación de riesgo grave e inminente, incluidas las derivadas de una catástrofe o fenómeno meteorológico adverso.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha explicado este jueves que a partir de esos cuatro días las empresas podrán ubicar a esos trabajadores en un ERTE de fuerza mayor o prorrogar el permiso, contribuyendo a sufragarlo. «Por tanto, por primera vez en España, siguiendo el modelo de Canadá, vamos a tener permisos auténticamente climáticos», ha subrayado Díaz. La empresa podrá establecer el trabajo a distancia en el marco de la ley 10/2021 si su actividad lo permite.

La ministra ha precisado que estos permisos que se incorporan a la legislación permitirán a los trabajadores no acudir a su puesto de trabajo por razones de emergencia climática, como se ha hecho provisionalmente con los trabajadores afectados por la DANA de finales de octubre. "España tendrá por primera vez permisos climáticos remunerados para la gente trabajadora. Hoy hemos aprobado en el Consejo de Ministros el tercer paquete de ayudas para seguir protegiendo y reconstruyendo Valencia tras la DANA.

Y dentro de estos paquetes hay medidas que tendrán carácter permanente y a lo largo de todo el país«, ha señalado la ministra en un vídeo remitido a la prensa. Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el titular de Economía, Carlos Cuerpo, ha dejado claro que «estos permisos climáticos» serán posibles cuando no se pueda acudir físicamente al trabajo y no se pueda trabajar a distancia.

«Aquí lo que tenemos es una casuística bien recogida de las causas que pueden dar lugar a estos permisos climáticos y que tienen que ver con la imposibilidad de acudir físicamente al trabajo. Se le da también un rol particularmente importante a los representantes de los trabajadores a la hora de ser capaces de identificar estas casuísticas. Y tiene que darse la característica conjunta de que no se puede realizar el trabajo de manera remota», ha apuntado Cuerpo. Díaz, por su parte, ha subrayado que, con esta norma, los trabajadores quedarán protegidos frente a incumplimientos o la denegación de estos permisos climáticos. «Ninguna persona podrá sufrir perjuicio alguno por la adopción de estas medidas. La Inspección de Trabajo está para ello», ha recordado la ministra.

La norma aprobada este jueves también establece la obligatoriedad de que los convenios incluyan un protocolo de actuación que recojan medidas de prevención de riesgos específicamente referidas a la actuación frente a catástrofes y fenómenos meteorológicos adversos. «Vamos a darle un mandato a la negociación autónoma colectiva en las empresas, en cada una de las empresas, para que legislen de conformidad con la emergencia climática. Frente al negacionismo climático de las derechas, el Gobierno de España está comprometido con las políticas verdes y lo estamos demostrando justamente hoy con estas normas», ha apuntado la ministra.

La representación legal de las personas trabajadoras contará, a partir de ahora, con un nuevo derecho de información de las medidas de actuación previstas con motivo de la activación de alertas por catástrofes y otros fenómenos meteorológicos adversos y, en su caso, podrán parar la actividad. El Ministerio de Trabajo y Economía Social elaborará, en un plazo máximo de 12 meses, un Real Decreto que aborde la protección de las personas trabajadoras frente a los efectos del cambio climático en el ámbito laboral. Las medidas laborales aprobadas este jueves en el Consejo de Ministros contemplan además el derecho de los trabajadores a ser informados de las actuaciones previstas con motivo de la activación de alertas por catástrofes.

Ante riesgos graves e inminentes, la empresa estará obligada a informar lo antes posible de las medidas a adoptar y dar instrucciones para interrumpir la actividad, que quedará suspendida hasta que remita el peligro. Las empresas tendrán un plazo de 12 meses para tener diseñados protocolos climáticos en sus respectivos ámbitos. «Ningún lugar mejor que cada una de las empresas en función de la actividad que presten, de las necesidades que tengan para ajustar esos protocolos que ya van a formar parte de nuestras vidas».

«Por tanto, hoy España es mejor, damos certidumbre y tenemos normas que van de la mano de la emergencia climática, ha remarcado la ministra. Estos protocolos que habrán de hacer las empresas en el plazo de un año se tendrán que adaptar los riesgos climáticos de cada una de ellas». «Los riesgos climáticos no son los mismos para un trabajador que trabaja en una empresa de construcción o a la intemperie que para el que trabaja por ejemplo, en la enfermería o el que lo hace en una biblioteca. Por tanto, les damos a las empresas españolas, a todas ellas, el mandato de que en 12 meses tienen que tener protocolos de actuación, como tenemos protocolos para la violencia machista, para la prevención de las violencias LGTBI», ha explicado esta mañana la ministra en una entrevista con TVE recogida por Europa Press.