Errejón podrá cobrar una indemnización de 25.000 euros por sus ocho años de diputado en el Congreso

La indemnización, que este martes será avalada por la Mesa del Congreso, está contemplada en el régimen de protección económica y social de los parlamentarios, que también deja claro que la prestación se divide en mensualidades y que es incompatible con cualquier otra retribución. En concreto, la cuantía de esta indemnización equivale a «una mensualidad de la asignación constitucional por cada año de mandato parlamentario en las Cortes Generales o fracción superior a seis meses, y hasta un límite máximo de veinticuatro mensualidades».

En el caso de Errejón, su trayectoria de diputado del Congreso se extiende por cuatro legislaturas y abarca un total de siete años y nueve meses. Por tanto, se le han adjudicado ocho meses de indemnización.

TRES ETAPAS CON TRES PARTIDOS DISTINTOS

Fue elegido diputado por primera vez en las elecciones de diciembre de 2015, entonces como dirigente de Podemos, y aunque fue una legislatura corta, él ocupó su escaño durante seis meses porque fue miembro de la Diputación Permanente. En la repetición electoral de 2016 fue elegido nuevamente diputado y estuvo en la Cámara dos años y medio, hasta que en enero de 2019 abandonó la política nacional para ser candidato a la Asamblea de Madrid.

Volvió al Congreso en diciembre de aquel año, esta vez como cabeza de lista de Más País, y estuvo tres años y medio como diputado del Grupo Plural junto con Compromís y Junts. Y en las elecciones generales de julio de 2023 volvió a lograr escaño, esta vez como representante Sumar, y ejerció durante quince meses hasta su dimisión la pasada semana.

Teniendo en cuenta que la asignación constitucional está fijada este año en 3.142,14 euros, la indemnización total que percibirá Errejón por estos casi ocho años de diputado será de 25.137,12 euros, según indicaron a Europa Press fuentes parlamentarias. Eso sí, el Congreso dejará de pagar la indemnización si Errejón percibe «otra retribución, sueldo, salario, pensión, dieta, indemnización o percepción de cualquier naturaleza, sea de carácter público o privado», ya que es incompatible.