También han actuado ante la Sala de lo Penal del alto tribunal la Asociación Europea de Ciudadanos contra la Corrupción, Movimiento para la Regeneración de España, y dos particulares.
Estas acciones se dirigen, en su mayoría, contra Sánchez, y el ministro Grande-Marlaska. También figuran como querelladas en varias la ministra de Defensa, Margarita Robles, así como la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, a quienes, como al resto, se les acusa de negligencia e inacción ante la catástrofe.
Además, en una de ellas se cita al presidente valenciano, Carlos Mazón, y en otra al Gobierno valenciano en general, a quienes se persigue por los mismos motivos. Entre los delitos figuran omisión del deber de socorro, homicidio imprudente, lesiones y prevaricación, en un escenario que recuerda al aluvión de querellas y denuncias contra el Gobierno por la covid-19, de las cuales no prosperó ninguna en el alto tribunal.
Precisamente en Valencia, el Tribunal Superior de Justicia registró el pasado lunes una querella contra Mazón, por la organización Iustitia Europa en relación a su gestión en la catástrofe. Y relacionado con la dana, aunque al margen de la gestión, el Juzgado de Instrucción número 3 de Torrent ha abierto diligencias para investigar los incidentes ocurridos durante la visita de los reyes, Felipe VI y Letizia, a Paiporta, uno de los municipios más afectados.
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