El primer apartado tiene que ver con las ayudas y bajas laborales, donde destaca la previsión de cuadriplicar las ayudas públicas previstas en la ley por fallecimiento, incapacidad, daños en enseres y en vivienda, sin umbrales de renta. El Gobierno de España va a transferir hasta 72.000 euros por casos de incapacidad. Entre 20.000 y 60.000 euros para la reparación de las viviendas dañadas, hasta 10.300 euros para cambiar o reparar muebles, electrodomésticos y enseres, y 37.000 euros para reparar elementos de las comunidades de vecinos. Además, en lo que compete a las bajas, se ha creado una incapacidad temporal extraordinaria de trabajadores y autónomos con daños físicos o psicológicos provocada por la DANA. Al considerarse accidente de trabajo, se garantiza el 75% de su salario desde el primer día de incapacidad. En este ámbito también ha adoptado otras medidas importantes:
- Ayudas directas por 838 millones de euros para pymes y autónomos de las zonas más gravemente afectadas. Estas ayudas serán de 5.000 euros para los autónomos y oscilarán entre los 10.000 y los 150.000 euros para las empresas, en función de su volumen de negocio. Para recibirlas, bastará con indicar el número de cuenta bancaria y empezarán a cobrarse en menos de un mes, beneficiando a unos 65.000 trabajadores autónomos y unas 30.000 empresas.
- Prestación por cese de actividad para autónomos que deben parar o suspender su trabajo, que corresponde al 70 % de la base de cotización. Podrán acceder a la ayuda aunque no tengan el periodo mínimo de cotización exigido y sin que les reduzca sus prestaciones en el futuro.
- Aumento del 15 % durante tres meses para las personas que perciben el ingreso mínimo vital o pensiones no contributivas.
- El Consorcio de Compensación de Seguros empezará a abonar este miércoles 6 de noviembre las primeras indemnizaciones a familias y empresas que han perdido su vehículo.
- Se crea de una línea de avales DANA por valor de 5.000 millones de euros para empresas y autónomos. Este martes se ha aprobado el primer tramo, por 1.000 millones de euros.
- Las empresas afectadas que suspendan temporalmente la actividad de sus trabajadores a través de un ERTE estarán exentas de pagar las cotizaciones a la Seguridad Social de la plantilla al menos hasta febrero de 2025.
- Los ciudadanos y las pymes que tengan una hipoteca o un préstamo al consumo podrán posponer el pago íntegro de sus créditos durante 3 meses y pagar solo los intereses durante 9 meses adicionales.
Por otro lado, también se han aprobado medidas para ayuntamientos y juzgados, que son las siguientes:
- El Gobierno pagará el 100 % de los gastos de emergencia que tengan los ayuntamientos afectados y hasta el 50% de las obras que tengan que llevar a cabo en los próximos meses y años para reparar infraestructuras, instalaciones y servicios como carreteras, polideportivos o centros cívicos. Se les compensará por los impuestos municipales que dejen de percibir y se ampliará su posibilidad de gasto con las inversiones financieramente sostenibles.
- Se reforzarán los juzgados y los equipos de notarios y registradores de la propiedad. Se habilitará un portal de emergencias registrales para que, vía satélite, los ciudadanos puedan certificar la ubicación de sus bienes inmuebles, así como oficinas de refuerzo que apoyarán a los funcionarios locales a atender a los ciudadanos y acelerar los trámites burocráticos.
A este pack también se le añaden planes de coordinación entre instituciones para agilizar y ejecutar las ayudas con más rapidez. Entre lo más importante, se piensa crear una Comisión interministerial que coordinará las labores de reconstrucción y relanzamiento del Plan para la Comunidad Valenciana; se aprobarán mecanismos para fortalecer la cooperación bilateral con los gobiernos autonómicos afectados, muy especialmente con el gobierno de la Generalitat Valenciana, y se ha solicitado a la Comisión Europea la Ayuda del Fondo Europeo de Solidaridad. Petición de aprobación al Consejo y al Parlamento Europeo –por vía de urgencia– de un nuevo Reglamento denominado RESTORE, que permitirá reprogramar los fondos de cohesión FEDER y FSE+ para dedicar parte de sus recursos a paliar los daños ocasionados por desastres naturales.
Por último, el gobierno también ha aprobado una serie de medidas y alivios fiscales, entre las que se encuentran la exención del IBI y la reducción del IAE para los ejercicios del 2024; excención de pago de tasas a la Policía o la DGT a la hora de tramitar la baja de vehículos dañados o sustituir los carnets de conducir y los DNI; no se tributará IRPF por las ayudas por daños personales; se aplazará el segundo pago de la declaración de la renta hasta 2025, y se reducirá el IRPF e IVA para explotaciones y actividades agrarias de las zonas afectadas.
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Y una cesta de Navidad y un décimo de lotería…