Puigdemont: «He empezado el viaje de vuelta desde el exilio»

La Diputación Permanente del Parlament ha aprobado convocar el pleno de investidura de Illa para este jueves a las 10.00 horas con el apoyo de todos los grupos salvo la abstención de PP y Vox. «Que yo pueda asistir al Parlament debería ser normal, que por hacerlo arriesgue una detención, que sería arbitraria e ilegal, es la evidencia de la anomalía democrática que tenemos el deber de denunciar y combatir, no porque seamos independentistas, sino porque somos demócratas», ha recalcado. Para Puigdemont, en «condiciones de normalidad democrática» debería ser innecesario que anunciara su intención de asistir al pleno, pero lamenta que él y el exconseller Lluís Puig, como diputados de Junts, no puedan hacerlo libremente.

«Primero porque llevamos encima una larga persecución por permitir que los catalanes votáramos en referéndum. Y segundo, porque el Tribunal Supremo se niega a obedecer una Ley de Amnistía aprobada y en vigor, y que es de obligada aplicación», ha añadido. Esto, según Puigdemont, es un «desafío» que debe tener respuesta y afrontar, y es uno de los motivos por el que ha iniciado el camino de regreso a Catalunya, ha dicho. Es más, se ha mostrado convencido de que «no hay otro camino para la normalidad democrática que el fin de la represión política, un final que está contemplado en la letra y espíritu de la Ley de Amnistía».

«Si nos la creemos, y queremos que sea una ley que abarque a todo el mundo, no podemos callar ante la actitud de rebeldía, de rebelión, en que se han bunkerizado algunos jueces del Tribunal Supremo», ha sostenido. También ha lamentado que esto «no parece que al Gobierno le preocupe mucho" y teme que al futuro Ejecutivo catalán, que previsiblemente encabezará el primer secretario del PSC, Salvador Illa, le resultará igual de indiferente, ha dicho textualmente.

«Pero hay muchos catalanes que queremos vivir en un sistema democrático pleno, que queremos gozar de lo mismo que tienen los países más democráticos del mundo, con una justicia imparcial, que no tenga agenda política, que no interfiera para impedir la voluntad popular que se expresa siempre a través de los parlamentos», ha zanjado.

Blindaje del Parlament

Los Mossos d'Esquadra blindarán los accesos al Parlament ante el anunciado regreso a España del expresidente Carles Puigdemont, sobre quien pesa una orden de detención tras casi siete años huido de la justicia. La Diputación Permanente del Parlament ha convocado para mañana jueves a las diez de la mañana el pleno de investidura de Illa, que tiene asegurados los votos de ERC y los comunes para ser elegido presidente.

Como es habitual, los Mossos d'Esquadra establecerán un amplio dispositivo de seguridad en que blindarán los accesos al Parlament, situado en el Parc de la Ciutadella, para garantizar la seguridad de la sesión parlamentaria, que Junts ya ha anunciado que pedirá que quede en suspenso si Puigdemont es detenido. Los Mossos se desplegarán por los alrededores del Parlament, donde Vox ya ha convocado para mañana a las 09.30 horas una concentración y algunas entidades independentistas también planean manifestarse en contra de la investidura de Illa.

De hecho, en la fallida investidura de Puigdemont de enero de 2018, tras las primeras elecciones catalanas una vez superada la etapa del 155, ya hubo incidentes cuando un grupo de independentistas desbordó el cordón policial para protestar contra la decisión de la cámara de no celebrar el pleno porque el líder de Junts se encontraba ya en el extranjero. Los cinco condenados por estos disturbios, a los que la justicia impuso penas de entre cinco meses y un año de cárcel por arremeter con violencia contra el cordón policial, fueron de los primeros en beneficiarse de la ley de amnistía, ya que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) les aplicó la ley del olvido penal el pasado 25 de junio.

En los alrededores del Parlament ya se pueden ver hoy varias vallas listas para ser distribuidas para perimetrar los accesos. Puigdemont ha anunciado su intención de acudir a la sesión de investidura del Parlament -como prometió en campaña electoral-, aunque ello suponga su detención, ya que tiene vigente una orden nacional de arresto por parte del Supremo, que ha rechazado amnistiarle por el delito de malversación por los gastos del 1-O.

En caso de que Puigdemont fuese detenido, tendría que ser trasladado al juzgado de guardia del partido judicial en que se haya llevado a cabo el arresto, donde se comunicaría al Tribunal Supremo que se habría ejecutado la orden nacional de detención que pesa sobre él. En este escenario, la defensa de Puigdemont podría optar por plantear un habeas corpus para que la detención quedase sin efecto al considerarla ilegal, por lo que el juez tendría que resolver esta petición.

Si se rechazara el habeas corpus, sería el instructor del Supremo, Pablo Llarena, quien tendría que decidir si las fuerzas de seguridad deberían trasladar a Puigdemont a Madrid, para celebrar una vista para decidir si le envía a prisión, por ejemplo por riesgo de fuga, si alguna de las partes personadas lo solicita -Vox ya anunciado que lo haría-.