Los dos nuevos delitos que el juez deberá decidir si imputa a Begoña Gómez

Por otro lado, la causa dio un paso trascendental este martes cuando, solo 24 horas después de tomar declaración al empresario Juan Carlos Barrabés como testigo, el juez decidió cambiar su situación procesal y citarle a declarar como imputado el próximo 29 de julio.

El juez Juan Carlos Peinado ha realizado ya varias diligencias en una causa que parece extenderse con el paso de las semanas pese a que la Fiscalía Europea le ha quitado de las manos la parte sustancial de la investigación. Las múltiples acusaciones populares unificadas bajo la dirección de Vox -Manos Limpias, Hazte Oír, Iustitia Europa y Regeneración Democrática- apuntan a nuevos delitos y en las últimas semanas han reclamado nuevas pesquisas. Entre ellas, Vox ha adelantado que quiere solicitar la declaración como testigo de Pedro Sánchez. De producirse esa testifical, el presidente no se vería obligado a declarar contra la investigada porque está casado con ella.

Aunque el abogado de Gómez, el exministro socialista Antonio Camacho, no ve "contenido objetivo" a la investigación, su clienta está siendo investigada por posible tráfico de influencias y corrupción en los negocios, los mismos delitos que se imputan ahora a Barrabés. Este mismo viernes, Begoña Gómez acudió a los juzgados de Plaza de Castilla pero se negó a declarar por recomendación de su abogado. Tras la avocación a la Fiscalía Europea de una parte de la investigación, Camacho cree que el procedimiento que dirige el juez Juan Carlos Peinado "se ha quedado sin contenido". Pero, el juez tiene en su mesa dos solicitudes para imputar a Gómez por nuevos delitos: apropiación indebida e intrusismo profesional.

¿Qué se investiga hasta este momento?

Todo comenzó por una querella que presentó Manos Limpias basada en recortes de prensa. En un primer momento, la investigación pivotaba al rededor de dos cuestiones separadas. Por un lado, la relación de Begoña Gómez con Globalia -la empresa propietaria de Air Europa- en plena pandemia, cuando el Gobierno rescató a la aerolínea con 475 millones de euros. Y en segundo lugar, la relación de Gómez con el empresario Carlos Barrabés, que presentó cartas de recomendación de la esposa de Sánchez en un concurso público de Red.es y resultó adjudicatario de tres contratos, un total de 10.607.203,33 euros.

Las cartas de Begoña Gómez se adjuntaron a las candidaturas de dos de esos contratos, que son los que la Fiscalía Europea decidió investigar al apreciar posibles irregularidades que pudieron afectar a fondos europeos. Respecto a Globalia, la Audiencia Provincial de Madrid señaló en su día que esta parte de la investigación se basaba en meras conjeturas, si bien hizo esta apreciación antes de poder analizar ninguno de los informes que el juez Juan Carlos Peinado reclamó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. El primero de estos informes, no obstante, indicó que no había constancia de que las relaciones de Gómez con Globalia estuvieran vinculadas al rescate de Air Europa.

El segundo, entregado este mismo mes, apunta que "en líneas generales, [...] la licitación, adjudicación, formalización y ejecución de los contratos [adjudicados a Carlos Barrabés] se habría desarrollado, aparentemente, con normalidad y bajo los principios que rigen la contratación pública". Pese a esta apreciación, el juez considera que "las diligencias hasta ahora practicadas, en concreto los informes de la UCO en conjunción con la declaración testifical de Juan Carlos Barrabés", permiten citarle como investigado. En lo que respecta a Begoña Gómez, el juez debe analizar ahora la viabilidad de abrir nuevas líneas de investigación.

La apropiación indebida

Begoña Gómez, como co-directora de una cátedra extraordinaria en Transformación Social Competitiva en la Complutense, logró que Telefónica, Indra y Google comenzaran a elaborar gratuitamente un software para ayudar a las empresas a adaptarse a los objetivos de desarrollo sostenible. Pero a mitad de camino, cuando ya habían empleado 150.000 euros en el proyecto, las tres multinacionales se echaron atrás temiendo un posible conflicto de intereses. Entonces fue la propia Universidad Complutense la que publicó una licitación para que una empresa acabara el trabajo.

Deloitte Consulting fue adjudicataria y terminó de desarrollar el software a cambio de 60.500 euros. Y más adelante Begoña Gómez lo patentó desde su empresa Transforma TSC y lo ofrece a empresas de forma gratuita desde una página web de su compañía.

El juez negó a la universidad en un primer momento presentarse como acusación particular al no apreciar que la institución hubiera sufrido perjuicio alguno. Pero la UCM inició su propia investigación interna y elaboró un informe en el que pide al juez Peinado que le permita personarse y que impute a Gómez un delito de apropiación indebida. La universidad no puede alcanzar por sus propios medios "una conclusión definitiva", tal y como denuncia en el informe entre críticas a la falta de colaboración de Begoña Gómez.

La clave a la que apunta la institución es el "perjuicio patrimonial" que se pueda haber producido. Un prejuicio que se concreta en tres contratos diferentes que suman un total de 102.848 euros que la universidad desembolsó para la cátedra de Begoña Gómez. Todo este dinero iba destinado a poner en marcha y desarrollar "una plataforma tecnológica digital concebida como una herramienta para la medición de impacto social y su cuantificación".

El intrusismo profesional

El segundo de los delitos que podrían acabar imputándose a Begoña Gómez es el intrusismo laboral. El viernes, antes de la 'no declaración' de la esposa de Pedro Sánchez, el secretario general de Manos Limpias anunció que los servicios jurídicos tenían intención de solicitar una ampliación de la querella inicial. "Ayer por la noche ha llegado una documentación al sindicato en la que Begoña Gómez firma de su puño y letra el pliego de prescripciones técnicas de un contrato para las PYMES", explico a los medios Miguel Bernad.

Para Manos Limpias, la conducta "incide claramente en un delito del 403 del Código Penal, intrusismo profesional", porque Gómez "no tiene el título ni la capacidad para firmar ese pliego". Se trataría de uno de los pliegos de la licitación que se adjudicó para terminar de desarrollar el software que Begoña Gómez acabó patentando.