Los inspectores de Hacienda rechazan el 'cupo catalán' y una Agencia tributaria catalana

Desde que se conoció la reivindicación independentista de una «soberanía fiscal» para Cataluña como la que ya tienen País Vasco y Navarra, los inspectores de Hacienda han realizado diversas declaraciones, informes e incluso han establecido unas líneas básicas en contra de esta propuesta planteada por el Gobierno catalán. Desde el Gobierno central no comparten la reivindicación de un 'cupo catalán', aunque en los últimos tiempos se han abierto a un trato singular en materia de financiación en Cataluña, a través de una fórmula imaginativa aún por definir. En cualquier caso, los inspectores de Hacienda presentaron hace unas semanas un informe en el que denunciaban la «inconstitucionalidad» del 'cupo catalán', insistían en que supondría la Agencia Tributaria en Cataluña y alertaban de que esto repercutiría en el fraude fiscal.

Esta semana en el Congreso, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, abrió la puerta al desarrollo del Estatuto de Cataluña, algo que ya han apuntado diversas fuentes del PSOE, que creen que el camino para convencer a ERC puede pasar por este asunto. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya apuntó en esta dirección a finales del año pasado, cuando se desplazó a Barcelona para reunirse con el entonces presidente autonómico, Pere Aragonès. Después de aquella reunión, la primera entre ambos después de que Sánchez fue investido presidente del Gobierno, el jefe del Ejecutivo ofreció al independentismo un acuerdo para reforzar la financiación autonómica, el autogobierno y el uso del catalán. Al ser interrogado sobre si estaría dispuesto a desarrollar la Agencia Tributaria catalana, no cerró la puerta y dijo que «es algo que está en el Estatuto de Autonomía» y está «por desarrollar». «Cuestión distinta es como se materializa», apuntó a continuación.

Sobre este aspecto también se ha pronunciado en reiteradas ocasiones la Asociación de Inspectores de Hacienda, sosteniendo que la división de la Agencia Tributaria atentaría contra la «conculcación de los principios tributarios, fundamentalmente la generalidad, la capacidad económica, la igualdad, la justicia y la eficiencia tributaria». En su documento de líneas maestras, los inspectores de Hacienda advierten las consecuencias del fragmentación de la Agencia Tribuaria en la gestión y recaudación de los impuestos, en la lucha contra el fraude fiscal y en su función de órgano vertebrador de determinadas ayudas sociales del Estado. En este sentido, los inspectores señalan que la Agencia Tributaria también ejerce otras funciones, como las relativas a la gestión de otras prestaciones, ajenas al ámbito tributario, como las deducciones en el IRPF, las ayudas para madres trabajadoras o las destinadas a las familias numerosas, u otras como la bonificación en el gasóleo o la gestión del mínimo vital. «El desafío de la creación de una Administración Tributaria fraccionada conlleva el traspaso de determinadas líneas rojas que ponen en un brete a la eficiencia en la gestión del sistema tributario, pudiendo generar desigualdades en su aplicación fruto de una ineficiente gestión», advierten.

De este modo, resultaría afectado el sistema de información tributaria, «que ha de ser único para todo el territorio a fin de garantizar su aplicación, ya que la lucha contra el fraude fiscal se fundamenta en disponer de un sistema de información tributaria unificado lo más amplio posible». Por otra parte, los inspectores de Hacienda señalan que la necesidad de un sistema de caja única «también se vería afectada». «La gestión y el control de las retenciones y pagos fraccionados se deberían llevar a cabo por la Agencia Tributaria, con independencia del porcentaje de cesión de la recaudación que se ceda a cada comunidad», añaden. Y esto, según precisan, conllevaría un «gran riesgo» en la gestión de las retenciones, que «deben de realizarse de forma integrada por la Agencia Tributaria, así como para el sistema de control de las actividades económicas, que debe ser de carácter integrado».

Del mismo modo, los inspectores de Hacienda alertan de los problemas en los planes de control aduanero y del contrabando, recordando que la Agencia Tributaria «viene prestando una especial atención a la represión del narcotráfico, así como a la evolución del contrabando de tabaco en general: »Los resultados más relevantes de estos planes difícilmente se podrían conseguir en una Administración tributaria independiente de Cataluña«. La propuesta del Gobierno catalán también afectaría a la lucha contra las tramas del IVA, según un informe reciente de los Inspectores de Hacienda. »Los resultados obtenidos en los últimos años son consecuencia de largas investigaciones, en las que intervienen los diferentes equipos de Inspección de todo el territorio nacional, actuando como órgano coordinador la Oficina Nacional de Investigación del Fraude. Estos planes no se podrían llevar a cabo en Cataluña si se fracciona la Agencia Tributaria«, alertan.

También implicaría problemas en la lucha contra el fraude organizado, habida cuenta de que «el fraude fiscal más complejo y sofisticado se extiende por los más diversos territorios, utilizando frecuentemente sociedades domiciliadas en distintas Comunidades Autónomas». «Fragmentar la información disponible equivale en la práctica a no poder combatir en un plazo adecuado los fraudes más graves», añaden. Otro de los problemas que identifican los inspectores de Hacienda en su informe respecto a este 'cupo catalán' también tiene que ver con la deslocalización de empresas si se fracciona la gestión de los impuestos sobre el consumo. «Cualquier diferencia en la gestión de estos impuestos, incluidas las actuaciones de la Inspección, supondría un obstáculo para la libre circulación de mercancías y un aliciente para que se produjeran situaciones de deslocalización de empresas», señalan.

Con todo, también apuntan a «muchos problemas» en el caso de la cesión de la Inspección de los tributos soportados en Cataluña, especialmente en los contribuyentes con un tamaño mediano o grande, en la medida en que realizan operaciones en todo el territorio español, o incluso internacionalmente. «El problema se agrava cuando nos referimos al control de las empresas multinacionales, ya que la explotación de la información y las actuaciones de control debe ser ejercida con carácter nacional», apostillan.