La Audiencia Nacional sienta en el banquillo a la mano derecha de Esperanza Aguirre por la caja B del PP de Madrid

A ambos se les atribuye un presunto delito electoral en su modalidad de falseamiento de cuentas y a Granados, además, prevaricación y tráfico de influencias en concurso con malversación. Delitos por los que Granados se enfrentará a una petición de la Fiscalía Anticorrupción de 7 años y 10 meses de prisión y al pago de una multa de 284.000 euros, mientras que la pena de cárcel que solicita para Beltrán Gutiérrez es de tres años y medio.

En el auto en el que abre juicio oral por esta pieza del caso Púnica, la número 9, el magistrado rechaza también la solicitud de la acusación popular ADADE de declarar partícipes a título lucrativo al PP y a sus 72 diputados autonómicos que resultaron electos. Al igual que rechaza la de la Fiscalía de citar en calidad de partícipes a título lucrativo a los expresidentes de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre e Ignacio González, quienes figuraron en esta causa como investigados hasta que meses después se les eximió.

Además de a Granados y a Gutiérrez, García Castellón acuerda también enviar a juicio a la ex directora general de Medios de la Comunidad de Madrid Isabel Gallego, al que fuera jefe de Gabinete de Aguirre Borja Sarasola y al ex consejero delegado de la Agencia de Informática y Comunicación (ICM) de la Comunidad de Madrid José Martínez Nicolás.

También al propietario de las empresas de reputación 'online' EICO y Madiva, Alejandro De Pedro, considerado «conseguidor» de Púnica, así como a Diego Mora, María Luisa De Madariaga y Francisco Lobo. Todos ellos por delitos de prevaricación y malversación.