Gobierno, ERC y Junts negocian con gran discreción las enmiendas a la ley de amnistía

Lo cierto es que el Gobierno y el PSOE trabajan desde hace días con ERC y Junts con el fin de registrar enmiendas conjuntas que tengan probabilidad de ser aprobadas y otras formaciones como Sumar también han preparado dos o tres iniciativas de carácter técnico a la espera de que puedan ser pactadas con el bloque de la investidura.

El objetivo es precisar al máximo la ley para evitar lagunas jurídicas o dobles interpretaciones.

Fuentes del grupo parlamentario de Sumar comentan a EFE que buscan dar garantías de que se aplicará la amnistía, aunque no se solicite, a todos los beneficiarios, tanto los encausados como los ya condenados.

En este sentido, uno de los artículos de la ley señala que la amnistía de los delitos será aplicada por los órganos judiciales "de oficio, o a instancia de parte o del ministerio fiscal" y cuando sean infracciones administrativas o que impliquen una responsabilidad contable, la aplicarán "los órganos competentes" para iniciar o tramitar los procedimientos.

Otros socios del bloque de investidura, como Podemos, PNV o BNG, todavía no se han pronunciado sobre la posibilidad de enmendar la ley, mientras que EH Bildu ha señalado que no registrará cambios y que en todo caso valorará los que impulsen los independentistas catalanes, ya que "es su ley", recalcan a EFE fuentes de la formación abertzale.

Los grupos parlamentarios que previsiblemente registrarán iniciativas serán PP y Vox, después de que sus respectivas enmiendas a la totalidad con texto alternativo fueran rechazadas la semana pasada.

Es muy probable que ambas formaciones registren enmiendas encaminadas a restituir el delito de sedición o a endurecer el Código Penal frente a la "deslealtad constitucional", castigando a los partidos políticos o a las personas jurídicas que proclamen la independencia o convoquen referéndum ilegales.

Por su parte, UPN -en contra de la amnistía- ha señalado que no presentará enmiendas parciales porque no quiere participar del trámite de esta iniciativa: "Para no dar legitimidad a un texto que consideramos inconstitucional e ilegal".

Asimismo, el PP también ha pedido que la Mesa de la Comisión de Justicia, que será la encargada de tramitar la ley, abra un plazo antes de debatirse las nuevas enmiendas para que los partidos puedan solicitar comparecencias de juristas y expertos.

Argumentan la importancia de una ley que ha provocado "un debate que ha desbordado el círculo político y la opinión pública general, llegando al ámbito académico, muy especialmente en el derecho constitucional y el derecho penal".

De momento, una vez que finalice el plazo de registro de las enmiendas, la Comisión de Justicia deberá convocar la ponencia para introducir en el texto aquellas iniciativas registradas que posteriormente tengan apoyo mayoritario.

El resto de enmiendas parciales que no se introduzcan en el dictamen serán debatidas públicamente en la comisión y posteriormente en el pleno del Congreso en caso de ser rechazadas.

El Gobierno tiene intención de que la ley pueda salir aprobada del Congreso a finales de enero o bien la primera semana de febrero, probablemente en la semana del día 6 cuando está previsto que se retomen las sesiones plenarias en la Cámara Baja tras las obras en el hemiciclo.