Esta partida se suma a los 37.036 millones de euros -9.000 millones en prefinanciación y 28.000 millones en los tres primeros pagos- que España ha recibido hasta la fecha y abre también la puerta a la solicitud de forma «inminente» del cuarto pago de 10.000 millones de euros, mientras que la totalidad del plan asciende ahora a 163.000 millones de euros y abarca 111 reformas y 142 inversiones.
España podrá recibir los primeros 1.400 millones de euros a modo de prefinanciación, equivalente al 20% del total del monto previsto para inversiones, una vez que los 27 den su visto bueno en un máximo de cuatro semanas a la decisión presentada este lunes por Bruselas. El nuevo plan incluye la simplificación de los procedimientos de concesión de permisos para la producción de energías renovables y para las infraestructuras de la red eléctrica, así como siete nuevas inversiones en energía renovable y transición ecológica, tales como un sistema de apoyo a la producción y adopción de hidrógeno renovable o un sistema de subvenciones para apoyar la cadena de valor de la energía renovable y el almacenamiento de energía, entre otros.
Además, la revisión modifica 52 medidas del plan original justificadas por «circunstancias objetivas» como las perturbaciones en la cadena de suministro, la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania y el impacto duradero del Covid-19; la falta de demanda y el aumento de los precios debido a la elevada inflación o las dificultades jurídicas o técnicas inesperadas han llevado a modificar algunos elementos o a retrasar la aplicación.
Entre esas modificaciones destaca la sustitución del plan para introducir el pago de peajes en autopistas a partir de 2024, por disposiciones que fomenten el transporte de mercancías por ferrocarril destinadas a reducir las emisiones globales del transporte terrestre de mercancías, por lo que Bruselas considera que «mantiene el nivel de ambición» de la anterior medida y aborda las recomendación específicas para España en este ámbito.
Fuentes comunitarias han explicado que lo que «convenció» a la Comisión para aceptar la sustitución fue la prevista introducción a partir de 2027 del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (RCDE) revisado a escala de la UE, que representa un solapamiento parcial con el ámbito de aplicación del hito anterior, ya que prevé el pago por emisiones para el transporte por carretera y las viviendas.
Acorde a la evaluación del Ejecutivo comunitario, los acuerdos descritos por las autoridades en el plan modificado y los compromisos conexos del plan inicial, así como los acuerdos ampliados relativos al uso de instrumentos financieros, justifican una calificación la máxima calificación para España en la aplicación del plan, a excepción del punto relativo al 'Estimaciones de costes razonables y plausibles', que se aplica a los planes de todos los Estados miembro porque Bruselas considera «imposible» tener una estimación 'ex ante' de los costes de forma «precisa».
España ha propuesto también modificaciones en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) para crear incentivos fiscales que apoyen las renovaciones de eficiencia energética de los hogares en 2024 y 2025,a sí como la compra de vehículos eléctricos y estaciones de carga entre 2023 y 2025.
Esto contribuye, según el informe favorable de Bruselas, a abordar las recomendaciones específicas por país sobre el aumento de la inversión en la transición ecológica y digital, así como sobre el aumento de la disponibilidad de viviendas sociales y asequibles energéticamente eficientes, incluso mediante la renovación, y las recomendaciones sobre la electrificación del transporte.
Acorde a la revisión, el listado de hitos y objetivos vinculados al cuarto pago del plan se amplía de 58 a 61 con la introducción de una nueva medida, la entrada en vigor de la modificación de la ley sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Asimismo, anticipa otros dos hitos y objetivos que aparecían previamente vinculados al sexto tramo del plan: el procedimiento judicial por vía electrónica y el refuerzo y mejora de las capacidades de ciberseguridad con la introducción de una nueva línea de ayuda.
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