El Supremo rechaza la denuncia contra Montero por sus críticas a los jueces

Manos Limpias denunció a la ministra por un delito de injurias a instituciones del Estado, si bien el tribunal destaca que las manifestaciones de Montero están protegidas por el derecho fundamental a la libertad de expresión en un asunto de interés público y de actualidad, y no pueden reputarse como delito.

En un auto, el tribunal señala que «el derecho penal no es, y no debe ser, herramienta apta para extirpar asperezas en el discurso político, ni para imponer un estilo cortés, discreto y elegante. En un estado democrático, como sin duda lo es el nuestro, no cabe el empleo del Derecho Penal para acallar opiniones, por agrias, desaforadas o injustas que pudieran parecer».

Añade que, «de otro modo, se provocaría un claro efecto desalentador o desincentivador en relación con la libre expresión de ideas u opiniones, generado por el temor que pudiera provocar a quien las manifiesta, de estimarse aquéllas como excesivas o hirientes, la eventual imposición de sanciones de naturaleza penal». Para la Sala, las resoluciones de los tribunales pueden y deben ser objeto de crítica. «Lo deseable, como siempre, es que, muy especialmente cuando procede de aquellos a quienes corresponde el ejercicio de otras funciones públicas, la misma se formule de manera razonada, constructiva, tolerante y en términos tales que, huyendo de aspavientos y afectadas sobreactuaciones, promuevan y favorezcan el debate, contribuyendo a la mejora de lo que pueda».

Sin embargo, insisten en que no es en la jurisdicción penal «donde corresponde valorar la prudencia o contención, aun en la crítica, de las expresiones proferidas; ni, por descontado, el estilo empleado en ellas o aun la razonabilidad de las mismas». La Sala declara además su falta de competencia para el conocimiento de los hechos que la denuncia atribuye a la delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell, por no ser aforada.