Así, ha indicado que eso forma parte de la política útil de entendimiento aunque ha reconocido que puede tener cierto coste. «Puede tener algún desgaste, pero estamos en el Gobierno para solucionar problemas», ha subrayado en una entrevista en Telecinco. A su juicio el delito de sedición «no era europeo», no se aceptaba en países del entorno porque tenía una pena «desproporcionada» y por eso se incluyó uno de desórdenes públicos agravados, según ha defendido. Por ese motivo ve «lógico» que la Fiscalía haya solicitado al magistrado Pablo Llarena que incluya en su procesamiento a los líderes del procés fugados este nuevo tipo penal, ya que el magistrado solo había incluido malversación y desobediencia.
Sobre el posible regreso a España del expresidente catalán Carles Puigdemont, huido en Bélgica, Bolaños ha señalado que está probado y acreditado que con el antiguo delito de sedición «no iba a ocurrir» porque los tribunales europeos «no concedían ningún tipo de extradición», según ha sostenido. «Ahora con el nuevo Código Penal vamos a ver, será cuestión de los tribunales, del TS y de los tribunales europeos», ha señalado. Asimismo, ha afirmado que «fue doloroso, como español» ver que Puigdemont se fugaba y por tanto desea que se cumpla la ley y el expresidente rinda cuentas ante la Justicia «lo antes posible». Por otro lado, al ser preguntado por el hecho de que los independentistas sostiene que volverán a intentar hechos como los del 1 de octubre de 2017, Bolaños ha respondido con contundencia. «No lo van a volver a hacer», ha señalado , al tiempo que ha recordado que el líder de Junts Jordi Sánchez reconoció que el procès había terminado.
Respecto a la celebración de un referéndum o una consulta, ha indicado que son «soluciones pasadas» que «en ningún caso se van a aplicar» y que «pertenecen a otra época». Así, ha añadido que el independentismo quiere aislar a Cataluña del resto de España y de Europa mientras el Gobierno quiere lo contrario, que sea un motor económico. A este respecto ha recordado que en los acuerdos firmados con la Generalitat en la mesa de diálogo celebrada en verano, ambas partes acordaron hacer política «dentro de las instituciones y con arreglo a la ley». «Hay que buscar acuerdos que sean transversales, que superen el conflicto del año 2017 y vayan a acuerdos del 70 o el 80%», ha apuntado.
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