El senador del Partido Popular, Jaime de los Santos durante el debate en el pleno del Senado que vota las propuestas de veto a las secciones del proyecto de presupuestos generales del Estado para 2023. | Efe

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La comisión de Asuntos Económicos del Senado ha aprobado sin incluir ninguna enmienda la proposición de ley que crea impuestos temporales a la banca, las energéticas y las grandes fortunas, tras rechazar en una primera votación los dos vetos planteados por Ciudadanos y PP. La norma pasa ahora al pleno del Senado, que la semana que viene previsiblemente le dará el visto bueno definitivo sin introducir modificaciones, por lo que no tendrá que volver al Congreso.

La intención del grupo parlamentario socialista de no incluir más cambios a esta proposición ha aligerado el debate en comisión, en el que prácticamente todos los grupos han rehusado intervenir, dando por defendidas las 72 enmiendas registradas. Sí ha intervenido el PP, que ha incidido en que la proposición de ley es un «fraude» porque, al no ser un proyecto de ley, elude el dictamen del Consejo de Estado y además crea un nuevo impuesto que pretende «la confrontación entre pobres y ricos».

Desde el PSOE le han contestado que al vetar la ley se están oponiendo a la idea ampliamente compartida en la Unión Europea (UE) de la necesidad de distribuir la riqueza «en una situación extraordinaria que requiere medidas extraordinarias». Además, los grupos del Senado han registrado 72 enmiendas parciales a la proposición de ley, sobre todo de Ciudadanos (23) y Más Madrid (10), aunque también de ERC (8), Vox (8), PP (5), PNV (4), JxCAT (4), Bildu (3), Coalición Canaria (2), Més per Mallorca (2), Agrupación Socialista Gomera (2) y Teruel Existe (1).

Las enmiendas del PP pretenden equiparar el impuesto energético a la tasa europea sobre beneficios extraordinarios de empresas combustibles y suprimir tanto el impuesto sobre las grandes fortunas como el impuesto sobre la banca y, a cambio, mejorar el código de buenas prácticas de la banca para proteger a deudores hipotecarios vulnerables.

Al igual que en su veto general, las 23 enmiendas de Ciudadanos proponen suprimir el impuesto de grandes fortunas y adaptar los impuestos a la banca y energéticas a los parámetros europeos, así como establecer diversas exenciones, por ejemplo, en función del tamaño de la empresa. Las enmiendas de ERC proponen que el 50 % de los recursos obtenidos por los tres impuestos se ingrese a las comunidades autónomas, gravar con el impuesto sobre transacciones financieras productos especulativos como los derivados o elevar los tipos para las ganancias del juego.

PNV, por su parte, presenta cuatro enmiendas para que el impuesto energético grave los beneficios extraordinarios en lugar de los ingresos, establecer una deducción por inversiones relacionadas con la transición energética y excluir del tributo los ingresos de las sociedades del grupo cuya actividad principal no sea energética. Las enmiendas de Bildu plantean que también tributen en el impuesto de la banca los ingresos de fuera de España y acordar la concertación del impuesto sobre las grandes fortunas con el País Vasco y Navarra.

Vox propone que los impuestos sobre la banca y las energéticas graven exclusivamente sus beneficios extraodinarios y darles una naturaleza finalista -que los ingresos se destinen a rebajar la factura energética o ayudas para la vivienda-, así como recuperar la deducción por inversión en vivienda habitual.

Las enmiendas de Coalición Canaria y la Asociación Socialista Gomera persiguen excluir del gravamen energético los ingresos por distribución y venta de combustibles en islas no capitalinas, Ceuta y Melilla. JxCAT pretende destinar a las comunidades autónomas los recursos obtenidos por los impuestos, así como excluir del impuesto energético a los operadores sin capacidad de refino de petróleo y limitar el importe a pagar a un máximo al 20 % del beneficio de la empresa. Más Madrid ha registrado enmiendas para que los tres impuestos sean permanentes y para que la mitad de su recaudación se destine a las comunidades autónomas, una propuesta que también comparte Més per Mallorca, mientras que Teruel Existe pide excluir del impuesto bancario las comisiones de entidades sin ánimo de lucro.