Las autonomías recibirán en 2023 una financiación récord de 134.336 millones

La mayor parte de los recursos que se asignarán a las comunidades autónomas en 2023 corresponden a las entregas a cuenta del sistema de financiación, un total de 124.292 millones, un 11 % más, ya que se espera un fuerte crecimiento de la recaudación. El resto, 10.981 millones, se enmarcan en la liquidación positiva del ejercicio 2021, ya que las cantidades que Hacienda entregó ese año a cuenta a las autonomías fueron inferiores a lo que finalmente les correspondería con la recaudación obtenida, por lo que el próximo año se les compensará por ese desfase.

Montero ha achacado este desfase a la «prudencia» del Gobierno a la hora de realizar sus estimaciones y al fuerte incremento de la recaudación de 2021, mayor de lo previsto, como resultado del crecimiento económico, la creación de empleo y las políticas de protección de rentas. En un comunicado, Hacienda ha aclarado que de la financiación correspondiente a entregas a cuenta y la liquidación positiva de 2021 es necesario restar, como es habitual, 937 millones de las liquidaciones negativas de 2008 y 2009, lo que arroja un total de 134.336 millones de financiación en 2023.

Montero ha destacado que «la previsión de crecimiento robusto para 2023» beneficiará a las comunidades tanto por los adelantos del sistema de financiación como a través del previsible buen comportamiento de sus impuestos propios. Así, ha mostrado su confianza de que estos nuevos recursos permitan a las autonomías complementar las medidas adoptadas por el Gobierno para combatir los efectos de la inflación, en particular en la subvención del transporte metropolitano.

LA REFERENCIA DE DÉFICIT AUTONÓMICO ES DEL 0,3 % DEL PIB PARA 2023

En el encuentro, celebrado de forma presencial y que se ha extendido durante cuatro horas, Montero también ha informado a los consejeros autonómicos de que la referencia de déficit autonómico para el próximo ejercicio será del 0,3 % del PIB. Esta referencia, dos décimas superior a la apuntada a finales de abril, implica que las comunidades «dispondrán de mayor margen de gasto vía déficit», algo por lo que «la gran mayoría de los territorios han mostrado su satisfacción», según la ministra. En cualquier caso, esta cifra solo es una orientación cuyo incumplimiento no implicaría sanciones, ya que las reglas fiscales europeas se encuentran suspendidas y el Gobierno pretende mantener sin aplicación también las nacionales.

FLEXIBILIDAD EN LA CESIÓN DEL IMPUESTO DE RESIDUOS EN VERTEDERO

En el encuentro también se ha acordado impulsar la cesión a las comunidades autónomas del nuevo impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, que entrará en vigor en 2023, aunque se realizará de manera flexible. Así, por una parte, se permitirá a las comunidades que lo deseen asumir «lo antes posible» el nuevo tributo -nacido con carácter estatal pero que el Congreso decidió ceder a las regiones-, mientras que el resto podrán reclamar esas «gestiones y competencias de forma paulatina a lo largo de los próximos años».

PREOCUPACIÓN POR LA INFLACIÓN Y LA DEUDA

Asimismo, las regiones han aprovechado la reunión para mostrar su «preocupación» por la inflación y por el impacto del repunte de los tipos de interés sobre el coste de la deuda, una cuestión que «habrá que abordar» en el futuro, según Montero. En ese sentido, los consejeros de Hacienda de la Comunidad Valenciana y Baleares han celebrado la disposición de Hacienda de vincular la reforma del sistema de financiación a la gestión de la deuda histórica de algunas regiones derivada de su infrafinanciación. En cambio, el consejero madrileño ha reclamado la reunión de la conferencia sectorial de los fondos europeos para abordar la adenda correspondiente a los préstamos y ha achacado la buena marcha de la recaudación a la inflación.