Así consta en un escrito dirigido al juzgado después de que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, anunciase que el Gobierno solicitaría la ejecución provisional de la sentencia.
En esa comparecencia, el ministro no concretó el uso que se daría al inmueble, pero incidió en que «lo verdaderamente importante es que sea el Estado el que tenga la gestión, y no la Fundación Francisco Franco». «Una cuestión que reclama toda la ciudadanía», apostilló.
Ahora, en su escrito, los herederos del dictador sostienen que han tenido conocimiento, a través de los medios de comunicación, que la Administración General del Estado «ha dado instrucciones a su dirección letrada en las presentes actuaciones para que solicite la ejecución provisional de la sentencia».
Sobre esta decisión, avanzan que no tienen intención de oponerse «a tal solicitud», al tiempo que muestran su disposición a que «con carácter provisional», y a la espera de cómo se resuelva su recurso, «cumplir voluntariamente la obligación de entrega a su cargo declarada en la sentencia», añaden sobre el inmueble en un escrito con fecha de este pasado martes, día 3.
Fallo
La sentencia, dictada el 2 de septiembre por la magistrada Marta Canales, declaró la nulidad de la donación efectuada en 1938 de «la finca denominada Torres o Pazo de Meirás al autoproclamado jefe del Estado, Francisco Franco Bahamonde, por carecer del requisito esencial de forma».
Además, condenó a la familia Franco a su devolución sin ser indemnizada por los gastos en los que esta parte alegó haber incurrido para el mantenimiento de la propiedad. Tras el fallo, los Franco presentaron un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de A Coruña que aún está pendiente de resolución.
Sin comentarios
Para comentar es necesario estar registrado en Menorca - Es diari
De momento no hay comentarios.