Según fuentes de la investigación, en el marco de la operación, dirigida por el juzgado de instrucción número 1 de Barcelona y en la que se esperan más detenciones, se están practicando 31 registros de domicilios y empresas en ocho partidos judiciales de Cataluña.
En la investigación, una pieza separada de la causa que destapó un presunto desvío de fondos de la Diputación a entidades afines a CDC, se investigan los delitos de malversación, prevaricación y blanqueo de capitales.
El juez, que ha precipitado la operación a raíz de los indicios recabados durante meses de intervenciones telefónicas, también investiga la relación de alguno de los detenidos con las actividades de Tsunami Democràtic, de lo que podrían derivarse delitos contra el orden público.
Entre los detenidos, según han confirmado fuentes de JxCat, figura el historiador Josep Lluís Alay, jefe de la oficina del expresidente catalán Carles Puigdemont y quien también está siendo investigado por otro juzgado de Barcelona por un viaje al referéndum de Nueva Caledonia, que pagó la Generalitat.
Alay, junto a dos mossos d'esquadra y el empresario Josep Maria Matamala, acompañaba a Puigdemont cuando fue detenido en Alemania, motivo por el que la Audiencia Nacional le investigó por un delito de encubrimiento.
Otros de los investigados en la trama de desvío de fondos son el alcalde de Cabrera de Mar (Barcelona), Jordi Mir, de JxCAT; el interventor delegado de la conselleria de Presidencia, Jordi Serra; la directora general de Centros Concertados y Privados del Departamento de Enseñanza, Pilar Contreras; y el excónsul honorario de Letonia en Barcelona y presidente de la Plataforma pro selecciones catalanas, Xavier Vinyals.
También figuran entre los investigados los empresarios Antonio F.P., Roc A.V. y Marta M.A.
De hecho, uno de los registros se centra en las oficinas de la sociedad Events de Igualada (Barcelona), administrada por dos de esos empresarios y que se dedica a la producción de eventos culturales y deportivos, una firma que ya fue inspeccionada antes del 1-O en la ofensiva de la Guardia Civil contra los preparativos del referéndum.
Los agentes del instituto armado han acudido también esta mañana a la sede del Ayuntamiento de Cabrera de Mar (Barcelona) para requerir documentación, principalmente contratos vinculados con procesos de adjudicación que el juez investiga por supuesto tráfico de influencias.
La investigación, que se tramitó durante año y medio en una pieza secreta, deriva de la causa abierta contra una trama de presunta concesión fraudulenta de subvenciones a fundaciones afines a CDC, uno de cuyos principales imputados es el exdirigente de CDC Víctor Terradellas.
De las conversaciones intervenidas en esa causa, el juez apreció indicios de que la trama corrupta podría estar desviando dinero público para costear gastos en Waterloo (Bélgica) del expresidente catalán Carles Puigdemont, huido de la justicia española, por lo que abrió la pieza secreta que ha dado pie a la operación de hoy.
Los tres principales investigados en la operación son empresarios próximos a CDC y a ERC y, además, estuvieron vinculados al llamado «estado mayor» del 1-O, el sanedrín que impulsó los preparativos del referéndum unilateral de 2017.
David Madí fue estrecho colaborador del expresidente catalán Artur Mas, además de portavoz y secretario de comunicación y estrategia de la extinta formación.
Posteriormente, fundó su propia empresa, Nubul Consulting, tras dejar la política activa a principios de esta década, y ha sido asesor o miembro del consejo de grandes empresas como Deloitte, Endesa, Applus+ y Telefónica.
Xavier Vendrell, que militó en Terra Lliure, fue hombre fuerte de ERC y consejero de Gobernación en el tripartito de izquierdas y, pese a centrarse en su actividad como empresario en los últimos años no abandonó la política, ya que participó en varias reuniones del comité que preparaba el 1-O.
Oriol Soler es un empresario vinculado al mundo editorial y de la comunicación que en 2003 fundó el grupo cooperativo SOM, antes llamado Grup Cultura 032.
4 comentarios
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A Catalunya no hi ha pa,per tant de xoriços.
Esto no cuadra pues la investigación se basa en unos hechos de 2016 cuando Puigdemont no era ni President o acababa de ser nombrado por el Parlament ... Suena a que la GC, una vez más, intenta hacer un puzzle con piezas sueltas y las encaja a la fuerza ...
Venga, al que choricea el dinero de todos, al talego!!
En Soto del real saldría mas barato...que tomen nota los renegados independetistas. Supieran de verdad lo que vale tener al Puximon viviendo del cuento en su mansión de Waterloo, talvez lo mirarían con otros ojos... o seguramente diran que el rey vale mas...total suelen tirar por lo simple