La (Lomloe) Ley Orgánica por la que se Modifica la Ley Orgánica de Educación Loe de 2006 -que a su vez deroga la Lomce de 2013- , también denominada Ley Celaá, fue definida por su promotora como un «texto progresista para una educación del siglo XXI» y recibió el visto bueno del Gobierno en el mismo Consejo de Ministros en el que se decretó el adelanto electoral del pasado febrero.
Ahí terminó el recorrido de una Ley que divide a la comunidad educativa y que será la octava norma de la democracia si consigue ver la luz en esta legislatura como es la intención del Gobierno, según anunció el presidente Pedro Sánchez en su discurso de investidura.
Dijo Sánchez que la Ley incorporará los acuerdos alcanzados por parte de la comunidad educativa y servirá para blindar la educación pública como eje vertebrador del sistema educativo.
Su texto coincide con muchas de las propuestas del acuerdo de Gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos como apostar por la educación integral, impedir la segregación por sexos en los centros sostenidos con fondos públicos o eliminar la obligación de cursar una materia alternativa a la Religión y que la calificación de esta materia puntúe.
Medidas por las que ha tenido y seguirá teniendo enfrente a las escuelas concertadas y católicas así como a la mayoría de los centros de educación especial.
La confederación Católica de Padres de Familia (Concapa) ya ha alzado la voz contra lo que considera «un verdadero desprecio y atentado a la pluralidad, libertad y equidad del sistema educativo, donde conviven la red pública y la red concertada.
Además, niega que haya «segregación alguna por ningún motivo» y «menos en el ámbito educativo», rechaza la introducción de la educación «afectivo-sexual» en las aulas y defiende que la asignatura de religión sea de oferta obligatoria y de elección voluntaria, evaluable y que cuente como nota a efectos académicos.
Celaá seguirá impulsando la Formación Profesional en esta legislatura en la que también tendrá que negociar un Estatuto del Docente, como le reclaman algunos sindicatos, que regule las condiciones laborales de manera homogénea para todas las comunidades autónomas.
Y como también anunció Sánchez, tendrá que trabajar para lograr una inversión educativa en un 5% del PIB en el año 2025, así como para universalizar el acceso a la educación infantil de 0 a 3 años a través de la red pública y en condiciones de equidad.
Una equidad por la que Celaá siempre apuesta como firme defensora de la «educación como ascensor social», para lo que pretende que ninguna familia en situación de vulnerabilidad vea truncada la carrera educativa de sus hijos.
Sin olvidar la lucha contra el fracaso y el abandono escolar, cometido para el que el sindicato CSIF reclama un Plan que «huya de iniciativas propagandísticas que no mejoran la educación».
Además, tendrá que solventar «la masificación de las aulas, la falta de profesorado o el estado de muchas infraestructuras» de la escuela pública como demanda la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (Ceapa).
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