Para ello, deberá impulsar el debate parlamentario que quedó pendiente en la anterior legislatura para acordar un sistema de financiación igual en toda España, así como sacar adelante la Ley de Movilidad Sostenible anunciada en su día para dar rango de ley a los planes de infraestructuras de transporte, coordinar la actuación de las administraciones y obligarlas a ajustarse a las prioridades.
A lo largo de su anterior mandato al frente del entonces denominado Ministerio de Fomento, Ábalos insistió en la necesidad de llevar el debate sobre la financiación de las infraestructuras, en especial de autovías y autopistas, al Congreso para fijar unas normas comunes para toda España y acabar con las diferencias entre las distintas autonomías.
Aunque nunca desveló cuál sería su posición en ese debate y con el control del déficit presupuestario de telón de fondo, sí dejó la puerta abierta a extender el pago por uso a todas las vías de alta capacidad bajo el argumento de que las carreteras, a diferencia de puertos, aeropuertos o vías ferroviarias, son las únicas infraestructuras de transporte que se pretenden gratuitas.
En materia viaria, el Gobierno también deberá fijar el importe de la factura multimillonaria pendiente de abonar a los acreedores de las nueve autopistas quebradas y que fueron rescatadas por el Estado entre 2018 y 2019; así como poner definitivamente en marcha el conocido como Plan de Inversión Extraordinario de Carreteras (PIC).
Por otra parte, en el acuerdo suscrito entre PSOE y Unidas Podemos, ambos partidos establecieron entre sus prioridades impulsar una política de infraestructuras mallar y no radial con el objetivo de revertir la despoblación y promover la conexión interterritorial con una fuerte apuesta por las Cercanías en detrimento de nueva inversión en AVE.
En materia de alta velocidad, el objetivo será finalizar las obras ya previstas, así como afrontar la liberalización del transporte ferroviario de viajeros a partir del mes de diciembre.
Pese a que no se incluye en su nueva denominación, el ministerio mantendrá las competencias en materia de vivienda, que penderán de Agenda Urbana, departamento con el que el Ejecutivo pretende «ir más allá» y apostar por un desarrollo integral de las ciudades y pueblos de toda España.
En materia de vivienda, Ábalos deberá afrontar el incremento de precios en el mercado de alquiler, sobre todo en las grandes ciudades, donde la fuerte demanda unida a la escasez de oferta ha disparado las rentas.
Limitar los precios sería la política más controvertida que podría aplicar, ya que cuenta con el rechazo del sector y de buena parte de los analistas, que creen que ya ha demostrado su fracaso en ciudades como París y Berlín.
El acuerdo de gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos establece que los «ayuntamientos y/o comunidades autónomas que así lo consideren puedan regular las subidas abusivas del precio del alquiler en las zonas previamente declaradas tensionadas».
La otra línea de actuación pasa por aumentar la oferta de la vivienda en alquiler, tanto pública como privada, algo que sí aplauden los operadores del sector.
Por ver quedan también las medidas fiscales, sancionadoras, de aseguramiento o de estímulo por las que opta el Ejecutivo para sacar al mercado los pisos vacíos, teniendo en cuenta que el 96 % de ellos está en manos de pequeños propietarios, o cómo funciona la colaboración con los grandes tenedores de vivienda.
1 comentario
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Les deseo muchos aciertos, gobernar no es facil, en el mundo globalizado que tenemos. Tienen una buena oportunidad de hacer entender que se pueden hacer otras politicas, en mi opinión moderadas y con visió de futuro. Enhorabuena.