La Sección 17 de la Audiencia madrileña tenía fechado para este lunes el juicio a Gómez Iglesias y a dos policías municipales que presuntamente le acompañaron en ese viaje, con el objetivo de celebrar una comida con un empresario.
Pero tras media hora de vista en la que la letrada de Gómez Iglesias, Ana Blanco Vázquez de Prada, ha expuesto al tribunal las «presiones» y «coacciones» que ha sufrido por defender al joven, y por las que ha renunciado a su defensa, la Sala ha accedido a suspender el juicio, sin que ninguna parte se haya opuesto, han explicado fuentes jurídicas.
Las primeras fechas disponibles son para febrero o marzo del próximo año, según las fuentes.
El joven ha detallado a la salida de los juzgados que el juicio «lamentablemente ha tenido que suspenderse» y se ha mostrado «muy decepcionado y muy triste porque todavía existen en el Estado de derecho presiones y coacciones que hacen que no pueda tener una buena defensa».
«Conociendo a la letrada han tenido que ser presiones bastante importantes para ella y su familia», ha dicho Gómez Iglesias, que ha asegurado que el relato de la abogada «ha conmovido a la Sala» aunque ella no las ha desvelado específicamente por secreto profesional, aunque sí las ha «puesto en conocimiento de la justicia».
El Pequeño Nicolás ha dicho que está «triste, decepcionado y cansado» tras cinco años de proceso y que lo único que quiere es que se celebre el juicio cuanto antes para acabar «con ese calvario» y retomar una vida normal.
Ha recordado que tras otro proceso judicial extenso fue absuelto en firme en 2018 de un delito de injurias y calumnias al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), y que lleva desde los 20 años con varios procedimientos abiertos, la mayoría ya archivados en instrucción, lo que le genera sufrimiento a él y a su familia.
Espera que el letrado que le defienda sea Juan Carlos Navarro Valencia, abogado de Francisco Correa, condenado en Gürtel.
La Fiscalía pide para el Pequeño Nicolás siete años de cárcel y una multa de 81.000 euros por los delitos de usurpación de funciones públicas, falsedad en documento oficial y cohecho activo.
Para cada uno de los policías -Jorge González Hormigos y Carlos Pérez López-Dávila- solicita cuatro años y dieciocho meses de prisión y multa de 4.500 euros por los delitos de usurpación de funciones públicas y cohecho pasivo.
La acusación popular que ejercen la Asociación de Policía Municipal Unificada de Madrid (APMU) y Podemos pide 11 años de prisión para Gómez Iglesias; la Abogacía del Estado, 21 meses de cárcel y una multa; y el Ayuntamiento de Madrid reclama tres años y medio de prisión.
Los hechos se remontan a agosto de 2014, cuando presuntamente el joven contactó con el empresario Jorge Cosmen para concertar una reunión haciéndose pasar por representante de la Casa Real y de la Vicepresidencia del Gobierno, una cita que fue fijada para el día 13 de agosto en un restaurante de la localidad lucense de Ribadeo y a la que dijo que acudiría una personalidad importante de la Casa Real.
La comitiva, con los agentes haciendo presuntamente de escoltas, partió de Madrid con varios coches con rotativos policiales y el Pequeño Nicolás comió con el empresario pero no fue nadie de la Casa Real. La Fiscalía sostiene que el principal acusado abonó al policía Jorge Hormigos 2.000 euros, y éste entregó 400 a Carlos Pérez.
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