Un documento interno del PP reconoce el incumplimiento de reducir los impuestos sobre la vivienda

En el citado informe, al que ha tenido acceso Europa Press, los populares sí incluyen en el haber del balance de la Legislatura, el estar vigilantes para que se cumpliera «a rajatabla» el Código de Buenas Prácticas del partido y de los compromisos de conducta asumidos por sus candidatos, así como haber garantizado «en todo momento» la independencia del Ministerio Fiscal.

Precisamente esta ha sido una Legislatura en la que los populares se han visto envueltos en multitud de casos de corrupción, han tenido que despedir a su propio tesorero y en algunos lugares como Valencia, han estado hasta 12 diputados imputados sentados en el Parlamento regional, hasta que poco a poco han ido saliendo del grupo popular.

De las 406 medidas comprometidas en el programa electoral por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para esta Legislatura, los populares dicen haber cumplido con un 91 por ciento, pero aún queda un 9 por ciento de ellas que aún no se han puesto en marcha o que se ha hecho de una forma muy parcial.

Entre estos incumplimientos están las medidas referidas a la fiscalidad de la vivienda ya que no se ha aplicado, como se dijo, el IVA superreducido de forma transitoria a la compraventa de viviendas, ni tampoco se ha bajado el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales aplicable a la vivienda usada, ni siquiera se ha introducido una modificación en este impuesto para eliminar el efecto de tributación múltiple en cascada de las compraventas sucesivas que, según se argumentaba en el programa del PP, «limita la movilidad laboral en España».

El PP tampoco ha permitido la compensación tributaria entre alquileres pagados y percibidos, como había anunciado, cuando se pone en arrendamiento la vivienda habitual y se alquila otra en el nuevo lugar de residencia, ni tampoco se ha actualizado la deducción por adquisición de vivienda en el IRPF.

Sin embargo, lo que sí ha hecho el Gobierno es modificar el coeficiente reductor que devaluaba de facto el valor de la vivienda y propiciaba que la plusvalía por la que se liquidan los impuestos fuera mucho menor. Es decir, que desde el uno de enero se paga más por las plusvalías que genere la venta de una vivienda.

En materia fiscal, ha quedado en el tintero la idea de transformar en una tasa el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) de manera que no supere el coste de los servicios prestados.

Del ámbito laboral, el Gobierno del PP no ha creado el fondo de capitalización individualizado para cada trabajador que contemple la cobertura frente al desempleo, favoreciendo la movilidad y la formación continua.

Otra de las promesas que se ha quedado por el camino es la de configurar un derecho subjetivo a la jubilación para el trabajador, con el que se pretendía que se pudiera acceder voluntariamente a partir del momento en que se hayan cumplido los requisitos exigidos por la Ley.

Tampoco se ha presentado cada dos años al Congreso el informe de evaluación de la situación financiera de las pensiones y las principales variables del sistema, ni se han realizado planes específicos de reinserción laboral reforzada para trabajadores que se reincorporen al mercado de trabajo tras un periodo prolongado de inactividad por atención a la familia, ni se ha creado una cuenta satélite de la discapacidad y atención a la dependencia en España para conocer su verdadera dimensión económica.

En otros casos, lo prometido se ha quedado por el camino porque o es competencia del Estado y no se pueden transferir o viceversa, lo es de las CCAA y el Estado no las puede cumplir. Es el caso de la idea que habían incluido los populares en el programa de regular la obligación de todas las administraciones de actuar para acometer la supresión de los puntos negros de concentración de accidentes en las carreteras porque según la Constitución no se puede transferir, pero en este caso Fomento ha destinado más de 3.600 millones a conservación, mantenimiento y a la seguridad vial de las carreteras del Estado.

Y por el contrario, el Gobierno no ha podido acometer el impulso de la educación infantil de 0 a 3 años porque es competencia de las CCAA, y por el mismo motivo, tampoco ha podido incorporar en la oferta formativa de todos los currículos la formación en lengua inglesa, innovación y emprendimiento.

En materia educativa, se ha quedado por hacer un estatuto del docente; y no se ha llevado a cabo un sistema de gobernanza en la universidad para impulsar la rendición de cuentas y una mayor profesionalización de la gestión y tampoco se han impulsado nuevos mecanismos que incentiven la transferencia de la investigación e innovación desarrollada en las universidades para su aplicación por parte el sector privado.

Además, en este capítulo, ha quedado también en promesa la puesta en marcha de la agencia estatal de financiación de la investigación para la asignación más eficiente de los recursos públicos y mejorar su evaluación.

La reforma de la financiación autonómica que tanta controversia ha generado a lo largo de la Legislatura es otra de las cuestiones que se ha pospuesto al próximo mandato, así como el apoyo a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla por su condición de única frontera terrestre de la UE con Africa.

También ha faltado potenciar el Tribunal de Cuentas, reforzando el deber de colaboración de los fiscalizados y de los terceros requeridos para ello, sobre todo en una Legislatura que ha estado plagada de casos de corrupción.

Lo que sí intentó el PP y no ha podido llevar a cabo ha sido la reforma del sistema electoral municipal para que gobernara la lista más votada en los ayuntamientos. En el informe, al que ha tenido acceso Europa Press, alegan que durante el verano de 2014 los populares debatieron sobre esta medida, pero la oposición «no quiso negociar».

En materia de Justicia también son varias las cosas que se han quedado pendientes como: la incorporación de los juicios rápidos al ámbito civil; el fortalecimiento de los títulos ejecutivos en materia judicial; la mejora de la ejecución de sentencias, que sólo se ha producido en los lugares donde se ha instaurado la oficina judicial como Mérida, Ceuta o Murcia.

Otra cuenta pendiente que queda es la modificación del procedimiento de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional de modo que se eviten dilaciones indebidas, y que se promueva una reforma de los requisitos para ser elegido magistrado mediante el aumento del número de años de ejercicio.

La culpa de la falta de diálogo, de la oposición

El informe del grado de cumplimiento del programa electoral con el que el PP se presentó a las elecciones de 2011 se culpa a la oposición de no haber podido cumplir la promesa de promover «con sincera actitud de diálogo todas las acciones y acuerdos políticos que favorezcan el entendimiento y la concordia entre todos los españoles en torno a valores constitucionales».

Según la versión de los populares, la oposición ha rechazado ese diálogo oponiéndose constantemente a que se tomaran las medidas que España necesita en estos momentos.