Durante el debate de la totalidad de los proyectos de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), el ponente del PSOE, Manuel de la Rocha, ha criticado el intento «consciente o inconsciente» del Ejecutivo --evidenciado con las declaraciones del titular de Justicia-- de limitar el derecho a la libertad de expresión para tapar «algunos de los problemas de corrupción» que tiene su partido.
El partido con más imputados
Por su parte, el diputado de Compromís-Equo, Joan Baldoví, ha recordado que el PP es el partido «con mayor número de imputados por corrupción» por lo que resulta inquietante que plantee «recortes a la libertad de expresión con multas a los medios».
La portavoz nacional de UPyD, Rosa Díez, se ha preguntado si el Gobierno prefiere dedicar recursos a sancionar a los medios en lugar de a perseguir casos de corrupción. Ha precisado que su grupo ha registrado tres preguntas parlamentarias destinadas a aclarar las intenciones del Ejecutivo en este punto.
La «reflexión» del ministro también ha sido objeto de las críticas del representante de Izquierda Plural, el diputado de IU Gaspar Llamazares, que ha advertido que «las derrotas no cambian por matar al mensajero», por «mucha mordaza a los ciudadanos y al mensajero».
Solo era una reflexión
Tras el acto de Barcelona en el que lanzó la cuestión, el ministro ha querido aclarar hasta tres ocasiones que no apuesta por penalizar la publicación de datos de procedimientos y que sus palabras fueron una «reflexión» sobre el secreto de sumario.
El diputado del PP Agustín Conde ha precisado en su intervención que la idea lanzada por el titular de Justicia está de «plena actualidad en Europa».
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