El Tribunal de Estrasburgo abre la puerta a excarcelar decenas de presos

La Gran Sala, que confirma la indemnización de 30.000 euros por daños morales y de 1.500 por costas judiciales que le impuso la Sección Tercera el 10 de julio de 2012, considera que la etarra cumplió «una pena de prisión de una duración superior» a la que debía habérsele aplicado según el ordenamiento jurídico español que estaba en vigor cuando fue condenada, por lo que compete a las autoridades españolas «asegurar su puesta en libertad de la manera más breve posible».

En la sentencia, el TEDH estima por 15 votos contra dos que España vulneró el artículo 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que establece que «no hay pena sin ley» que la avale, y por 16 votos contra uno que contravino el artículo 5, que recoge «el derecho a la libertad y la seguridad» de los ciudadanos.

Tras conocer la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que condena a España, el Gobierno afirmó que corresponde a la Audiencia Nacional decidir el modo de aplicar ese fallo y si afecta a otros etarras que continúan en prisión por la aplicación de esa doctrina. En cualquier caso, advirtió de que las posibles excarcelaciones de terroristas que se vayan a producir como consecuencia de ello «en ningún caso» van a suponer «impunidad», por lo que el Ejecutivo velará porque no sean recibidos como «héroes». Por su parte, el Gobierno vasco instó al central a establecer una nueva política penitenciaria.

Así lo declararon los ministros de Interior y de Justicia, Jorge Fernández Díaz y Alberto Ruiz-Gallardón,en rueda de prensa para valorar la sentencia del tribunal europeo. Ruiz-Gallardón subrayó que «es al tribunal sentenciador a quien corresponde establecer cómo aplicará la sentencia».