La Comisión Europea (CE) suavizó ayer sus exigencias sobre las devoluciones de las ayudas fiscales de España al sector naval y pidió solo el reembolso de las bonificaciones entre mayo de 2007 y 2011 por parte de las agrupaciones de interés económico y sus inversores.
El colegio de comisarios adoptó esta decisión después de que el vicepresidente de la CE y comisario de Industria, Antonio Tajani, levantara sus reservas, señalaron fuentes comunitarias a Efe.
La CE no pide la recuperación de las ayudas concedidas entre el comienzo del régimen en 2002 y el 30 de abril de 2007, cuando la CE declaró públicamente incompatible una medida francesa similar, porque hasta ese momento existía "incertidumbre jurídica" sobre la compatibilidad o no del sistema español, indicó el vicepresidente y comisario de Competencia, Joaquín Almunia.
La decisión de Bruselas es más favorable que la planteada inicialmente por Almunia, que exigía la devolución de las ayudas recibidas entre 2005 y 2011, pero menos beneficiosa para España de lo que hubiera deseado el Gobierno y el sector.
El sector naval español ha acogido con recelo la decisión aprobada hoy por la Comisión Europea (CE) sobre la devolución de las ayudas concedidas entre 2007 y 2011, y aunque ha advertido de que "no va a tirar la toalla" en su lucha, han solicitado al Gobierno que aminore el impacto de esta decisión.
Horas después de que la CE confirmarse que suavizaba en dos años el reembolso de las ayudas fiscales para la construcción naval española, un sistema conocido comúnmente como "tax lease", la patronal de los astilleros privados Pymar ha incidido en la necesidad de que el mandato de Bruselas sea lo más equilibrado posible dentro de los límites.
Tras asegurar que la decisión de la CE es "claramente discriminatoria e injusta" y a la espera de analizar en profundidad los daños concretos que conllevará esta devolución en un sector que emplea a 87.000 personas, el sector naval se reserva tomar las acciones legales necesarias para defender sus intereses.
En la misma línea se ha pronunciado el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, quien ha dejado la puerta abierta a la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Europeo de Justicia los términos de la decisión de la CE.
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