El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu admitió ayer a trámite la querella que interpuso UPyD por la comercialización de preferentes de Bankia, pero rechazó actuar contra el exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez y el expresidente de la CNMV Julio Segura.
El magistrado ha tomado esta decisión en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción -que informó que la comercialización de preferentes no constituyó delito- al entender que, aunque la vía civil y contenciosa puede ser más rápida y eficaz, este criterio se refiere sólo a la reparación indemnizatoria y "no puede servir de excusa para crear espacios de impunidad".
Responde al fiscal que no se trata de dirimir si las preferentes fueron un producto legal, sino "si en su comercialización y negociación se ocultó la verdadera situación" de las entidades "y el verdadero riesgo" que suponían para los inversores.
También subraya que las "malas prácticas" denunciadas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) deben ser investigadas en sede judicial, ya que advirtió de la "necesidad de captar compradores", de "una deliberada falta de información" y de "un claro conflicto de intereses" entre los clientes y entre éstos y la entidad y que se resolvió a favor de la última.
Y recuerda que la sección tercera de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional dictó recientemente un auto en el que le obligaba a ampliar el caso Bankia a la venta de preferentes.
La querella del partido se dirigía además contra la filial Caja Madrid Finance Preferred y el que fuera su presidente Carlos Stilianopoulos; el exresponsable del contenido de los folletos de emisión de estos productos Fernando Cuesta y el exdirector de finanzas corporativas de la entidad Carlos Contreras.
También contra Bancaja Eurocapital Finance y su exresponsable Aurelio Izquierdo y el exdirector general de esta caja José Fernando García Checa, aunque era ampliable a "todos los consejeros y directivos de las anteriores entidades que hubieran intervenido, consciente y deliberadamente, en el diseño, implantación y comercialización" de las preferentes y otros instrumentos híbridos.
Andreu cree que el propio escrito de la querella advierte y enumera "los informes, advertencias y recomendaciones" que los dos supervisores fueron realizando sobre las preferentes, por lo que no procede admitirla contra Fernández Ordóñez y Segura.
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