Portugal dice que el fallo del TC pone en riesgo al país

Después de una reunión del Ejecutivo que se prolongó más de tres horas, el secretario de Estado del Consejo de Ministros, Luís Marques Guedes, anunció en una declaración sin derecho a preguntas que el Gobierno no está de acuerdo, pero "acata" la decisión del Constitucional, aunque recalcó que tendrá consecuencias negativas.El portavoz del Ejecutivo subrayó que, además de los efectos en los presupuestos de 2013 -en los que supone unos mil millones de euros- la sentencia cuestiona la credibilidad "conquistada por el esfuerzo de los portugueses" ante sus socios y acreedores internacionales.

En su opinión, la sentencia perjudica los esfuerzos de Portugal para lograr en la reunión que los ministros de Economía y Finanzas europeos celebran la próxima semana en Dublín el apoyo de sus socios para alargar el plazo de los préstamos concedidos al país, algo por el que el Gobierno "tanto ha luchado".

Ese aplazamiento, dijo Marques Guedes, es "esencial" en la estrategia de Portugal para cerrar con éxito el programa de asistencia financiera en 2014, tal y como estaba previsto en el rescate financiero que el país pidió hace hoy dos años.

El secretario de Estado defendió, asimismo, que el Constitucional "no tuvo en cuenta el esfuerzo realizado por el Gobierno para hacer más equitativa la contribución de los trabajadores del sector público y del privado".

Tras analizar durante tres meses los presupuestos de este año -a petición del conservador Cavaco, los partidos de izquierda y el Defensor del Pueblo-, el Tribunal Constitucional anuló ayer cuatro de las medidas de austeridad del Gobierno. Los ajustes invalidados afectan a la suspensión de una de las dos pagas extras anuales a funcionarios y pensionistas, así como al recorte de los subsidios de desempleo (6 %) y enfermedad (5 %). Los cerca de mil millones de euros que ahorraban al Estado esos recortes crean ahora un "agujero" presupuestario que dificultará a Portugal los objetivos de reducción del déficit público, que debe situar en 2013 en el 5,5 % del PIB.