Los secretarios generales de UGT, Cándido Méndez, y de CCOO, Ignacio Fernández "Toxo" hicieron ayer un llamamiento a la participación en la huelga general del 29 de marzo al considerarla como "un punto de inflexión" para que el Gobierno "recapacite y rectifique" el contenido de la reforma laboral.
En una rueda de prensa conjunta celebrada en el Palacio de Congresos de Gijón momentos antes de una asamblea de delegados de ambas organizaciones, Méndez y "Toxo" coincidieron en atribuir a la intransigencia del Gobierno "que cerró la puerta a la negociación" la "inevitable" huelga general.
Los sindicalistas desvincularon la protesta social de las elecciones que se celebrarán cuatro días antes, el 25 de marzo, en Andalucía y Asturias, al considerar que ambos acontecimientos son "escenarios legítimos de expresión de los ciudadanos, que no son contrapuestos sino complementarios".
La protesta laboral "no va a estar influida" por los resultados electorales porque son "escenarios independientes", algo en "lo que no cree el Gobierno que ha retrasado la presentación del proyecto de presupuestos", afirmó "Toxo".
"El Gobierno cree que la única legitimidad es la suya y se está acostumbrando a utilizar la figura del decreto ley que está reservada para situaciones de extrema urgencia, para cualquier cosa sea o no urgente", expresó el secretario general de CCOO.
El sindicalista dijo que el Gobierno "no ha querido negociar" antes de enviar el Decreto Ley a las Cortes y que "no ha contestado ninguna de las cartas" que se le ha enviado desde las centrales sindicales, "la última de ellas con un paquete de propuestas".
Méndez, por su parte, aseguró que la reforma laboral "es inconstitucional" por haber utilizado el procedimiento del Decreto Ley, cuando "el propio Gobierno admite que no va a obtener resultados a corto plazo". El dirigente sindical destacó que el Gobierno "está reconociendo" que durante este año se destruirán 630.000 puestos de trabajo "con o sin reforma".
La reforma laboral es "la mayor involución del modelo social de la democracia" y "sumados los recortes en la administración pública, provocarán la destrucción de un modelo social que ha costado muchos años construir", coincidieron ambos sindicalistas.
"Se está entrando en una dinámica muy peligrosa, con la que el país no saldrá adelante porque la reforma y los recortes alejan las posibilidades de recuperar la economía española", dijo Méndez.
Añadió que estas medidas "buscan de manera muy clara acabar con derechos básicos como la educación y la sanidad pública, la protección al desempleo y la atención a la dependencia".
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