Cadena perpetua al padre y la madrastra por el asesinato a golpes de una niña británica de 10 años

El tío, Faisal Malik, que llegó en 2022 para estudiar en Inglaterra, fue condenado a 16 años por permitir la muerte de la pequeña, que fue encontrada en el piso familiar de Woking, a las afueras de Londres, cuando la familia había huido a Pakistán.

En este contexto el Gobierno británico introdujo este martes en el Parlamento un proyecto de ley de protección a la infancia que endurece la opción de educar a los niños en casa, en el mismo día en que se conoció la sentencia del mediático caso de la pequeña Sara Sharif. La nueva ley permitirá al gobierno llevar registros e identificar a los menores que no asisten a la escuela, al tiempo que someterá a los padres a un mayor control.

Los progenitores ya no tendrán derecho automáticamente a educar a sus hijos en casa ('homeschooling') si el menor está en un plan de protección infantil o hay una investigación al respecto, y de la misma forma las autoridades municipales tendrán la capacidad de intervenir si juzgan que el entorno familiar es inseguro. La ley de Bienestar Infantil y Colegios, que presentó la ministra de Educación, Bridget Philipson, era un proyecto del Ejecutivo laborista desde el momento en que recuperó el poder, el pasado mes de julio, y los trabajos para su elaboración se remontan al pasado verano.

Sin embargo, ha cobrado especial actualidad al presentarse en paralelo a que la Justicia condenase a cadena perpetua a Urfan Sharif y Beinash Batool tras haber sido hallados culpables de matar a golpes a Sara, de 10 años, en su hogar en Woking, al sur de Londres, en verano de 2023. «En los últimos años, ha habido un número de casos impactantes de niños a los que ha fallado un sistema desencajado. Las medidas introducidas hoy quedarán escritas en la ley y harán realidad un gobierno centrado en los menores», dijo la ministra, según un comunicado.

Entre las medidas incluidas en el nuevo proyecto figuran nuevos requerimientos para ejercer como maestro, una mayor flexibilidad para que las escuelas puedan atraer a profesores, o una mayor capacidad para que las autoridades locales decidan sobre la distribución de los alumnos. Asimismo, el gobierno doblará la inversión, hasta los 500 millones de libras (600 millones de euros), en los servicios de ayuda a las familias, con el objetivo de apoyar a los hogares más vulnerables y a los menores que viven en ellos.