Las políticas anti-inmigración de Finlandia ahuyentan el talento extranjero

Los resultados de la encuesta revelan que el 89 % de estos trabajadores altamente cualificados cree que el debate sobre inmigración lanzado por el Ejecutivo es preocupante y el 81 % opina que la situación de los extranjeros empeorará en los próximos cinco años. Asimismo, apenas un 52 % de los encuestados recomendaría Finlandia como lugar para vivir y trabajar, una cifra que pone de manifiesto la creciente desilusión de los trabajadores cualificados extranjeros que residen en el país nórdico.

Respecto a la discriminación laboral, el 41 % de los hombres y el 43 % de las mujeres admitieron haberla sufrido, especialmente durante el proceso de contratación, con una mayor incidencia entre los profesionales procedentes de África y Asia. Los motivos más comunes de esta discriminación, según la encuesta, son la falta de conocimientos de finlandés y el hecho de que el mercado laboral del país no valora lo suficiente los estudios académicos ni la experiencia laboral adquiridos en el extranjero.

«La situación es insostenible. Finlandia está expulsando precisamente a las personas que están creando aquí el futuro crecimiento económico», lamentó en un comunicado Juhani Nokela, director de Asuntos Públicos de TEK. Numerosas empresas finlandesas, sobre todo del sector tecnológico, han lamentado públicamente que el Gobierno no haga lo suficiente para atraer a trabajadores extranjeros altamente cualificados, en uno de los países europeos con mayor índice de envejecimiento. «En el mercado laboral existe una gran competencia por conseguir expertos. No se puede participar en ella mirando a los extranjeros con recelo. La capacidad de atraer y contratar a expertos internacionales es fundamental», señaló Maria Jauhiainen, abogada del Sindicato de Ingenieros.

El Ejecutivo finlandés, a iniciativa del partido de ultraderecha Verdaderos Finlandeses, está endureciendo las políticas de inmigración y asilo para limitar la llegada de migrantes y refugiados, especialmente de fuera de la zona Schengen. Entre otras medidas, pretende recortar el subsidio de acogida que reciben los refugiados y alargar de cinco a ocho años el periodo mínimo de residencia exigido para obtener la nacionalidad finlandesa. Pero el cambio legislativo que más recelos despierta entre los expertos extranjeros, aún bajo trámite en el Parlamento, es la posibilidad de ser expulsados del país si pierden su trabajo y no encuentran otro antes de tres meses, una medida que afectaría a los ciudadanos no europeos.