Estalla Nueva Caledonia: Algunos barrios siguen fuera de control pese al refuerzo de gendarmes

La llegada de un millar de gendarmes y policías, que se suman a los 1.700 ya presentes en el territorio, y que tienen el apoyo de vehículos blindados, ha permitido que la situación sea «más calmada y tranquila», dijo Le Franc en un rueda de prensa en la capital, Nouméa. Añadió que el despliegue completo de los refuerzos llegados de la metrópoli debe permitir a las autoridades recuperar el control «en las zonas que se nos han escapado los últimos días».

Paralelamente, la declaración el miércoles del estado de emergencia en este territorio francés del Pacífico Sur permitió el despligue de unidades militares para garantizar la seguridad y las operaciones en el aeropuerto de Nouméa y los puertos, aunque no patrullan por las calles. Cinco personas han muerto hasta ahora en los disturbios que comenzaron el pasado lunes, tres hombres y dos gendarmes, uno asesinado de un disparo en la cabeza y otro fallecido a consecuencia del disparo accidental de un compañero.

Más de doscientas personas han sido detenidas hasta ahora en estos disturbios, en los que se han saqueado e incendiado comercios, viviendas y automóviles, y en algunas zonas las milicias vecinales armadas han evitado la entrada de revoltosos en sus barrios. El Gobierno va a apostar por una respuesta penal firme, según una circular que el ministro de Justicia, Éric Dupond-Moretti, envió el jueves, y que pide «las sanciones más duras contra los alborotadores y los saqueadores».

El secretario general del Partido Socialista, Olivier Faure, criticó con dureza al Gobierno por «encender el polvorín» con la ley de reforma del censo electoral de Nueva Caledonia y luego fiarlo todo a la respuesta policial y penal.

«Es un problema que ha nacido de la gestión del Gobierno», ya que ese proyecto de ley no había pasado por la Asamblea de Nueva Caledonia (que tiene una autonomía especial), «y en este territorio nada es posible sin el diálogo», dijo Faure al canal público France2.

La ley constitucional que modifica el censo electoral, aprobada por la Asamblea Nacional francesa en la noche del pasado martes, desbloquea ese censo para que puedan votar los nativos nacidos después de 1998 y los ciudadanos llegados desde el exterior que lleven allí un mínimo de diez años. Los independentistas caledonios, que controlan cuatro de las cinco instituciones autonómicas, han protestado contra ese proyecto, ya que creen que diluirá el peso de la población de origen nativo en el censo.