La secretaria general de la organización, Agnès Callamard, ha aseverado que el informe presenta un «sombrío panorama de alarmante represión de los Derechos Humanos y frecuentes infracciones a nivel internacional de las normas establecidas, en un contexto de desigualdad creciente, superpotencias que compiten por la supremacía y el agravamiento de la crisis climática». Así ha hecho referencia a la ofensiva de Israel contra la Franja de Gaza, que comenzó el 7 de octubre tras los ataques del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) contra territorio israelí y que deja ya unos 34.000 muertos.
«El flagrante desprecio de Israel por el Derecho Internacional se ve agravado por la falta de acción de sus aliados para detener la indescriptible masacre de civiles impuesta sobre Gaza», ha puntualizado. Callamard ha recordado que «muchos de esos aliados fueron precisamente los artífices del ordenamiento jurídico creado después de la Segunda Guerra Mundial» y ha advertido de que «junto con la actual agresión de Rusia a Ucrania, el número creciente de conflictos armados que se desatan y las violaciones masivas de derechos presenciadas en países como Sudán, Etiopía y Birmania hacen que el orden global basado en normas corra peligro de desmoronarse».
El informe, que indica que ya a lo largo de 2023 se cometieron «abusos de los Derechos Humanos de forma generalizada», acusa tanto a Estados como a grupos armados de perpetrar ataques y «homicidios ilegítimos frecuentes».
Además, el documento sostiene que las autoridades reprimieron a la disidencia en todo el mundo mediante la adopción de medidas contra la libertad e expresión y reunión pacífica. Amnistía ha aprovechado la ocasión para denunciar la «vulneración y el retorcimiento del Derecho Internacional», cuestiones que han repercutido en la población civil. «En muchos conflictos, las fuerzas gubernamentales han lanzado ataques de largo alcance contra zonas pobladas, lo que ha contribuido a provocar un gran número de víctimas civiles y a la destrucción generalizada de viviendas e infraestructuras», ha explicado.
Esta discriminación e «impunidad» en los conflictos, según AI, se han visto potenciadas por «el uso descontrolado de tecnologías nuevas (...) como armas habituales». «Las plataformas de las grandes empresas tecnológicas han avivado los conflictos. Se utilizan programas informáticos de vigilancia masiva para coartar el ejercicio de derechos y libertades fundamentales, mientras los gobiernos despliegan herramientas automatizadas que van dirigidas contra los grupos más marginados de la sociedad», tal y como ha explicado la organización.
«En un mundo cada vez más precario, la proliferación y el despliegue no regulados de tecnologías como la inteligencia artificial generativa, el reconocimiento facial y los programas espía están a punto de convertirse en un peligroso enemigo, con capacidad para intensificar y avivar las violaciones del Derecho Internacional y los Derechos Humanos hasta límites excepcionales», ha manifestado Callamard. El informe de AI presenta un crudo análisis de la traición a los principios de Derechos Humanos perpetrada por los líderes e instituciones en la actualidad.
«A menudo, las instituciones multilaterales no han podido o querido presionar a las partes en los conflictos armados para que respeten el Derecho Internacional. (...) El Consejo de Seguridad de la ONU ha sido incapaz de tomar medidas eficaces en los principales conflictos. Como era de esperar, Estados Unidos utilizó su derecho a veto para impedir en repetidas ocasiones que el Consejo pidiera un alto el fuego en Gaza», recoge el texto. «Los crímenes de guerra continúan acumulándose mientras el Gobierno israelí se burla del Derecho Internacional en Gaza», un conflicto que «definió 2023 y no da signos de remitir», según ha recalcado AI, cuyo informe pone de manifiesto el «uso descarado que ha hecho Estados Unidos de su derecho a veto» en la ONU.
«La desconcertante falta de medidas de la comunidad internacional para impedir que se mate a miles de personas civiles --un porcentaje terriblemente alto de ellas, niños-- en la Franja de Gaza ocupada pone claramente de manifiesto que las mismas instituciones establecidas para proteger a la población civil y hacer valer los Derechos Humanos no cumplen ya su función», ha destacado Callamard.
El informe documenta también la «flagrante infracción» de las normas establecidas por parte de las fuerzas rusas durante su invasión a gran escala de Ucrania. «Se ponen de relieve los ataques indiscriminados contra zonas civiles densamente pobladas, así como contra infraestructuras de exportación de cereales y energía, y el uso de la tortura y otros malos tratos contra prisioneros de guerra», ha aseverado Amnistía, que ha alertado también de las consecuencias de la «enorme contaminación medioambiental».
Asimismo, las fuerzas armadas de Birmana han llevado acabo ataques contra civiles que, solo en 2023, se habrían cobrado más de un millar de vidas. «Ni el Ejército de Birmania ni las autoridades rusas se han comprometido a investigar las denuncias de violaciones flagrantes del Derecho Internacional. Ambos han recibido apoyo económico y militar de China», ha subrayado la ONG. Por otra parte, las partes enfrentadas en Sudán ha mostrado «poco interés por el Derecho Internacional» al llevar a cabo «ataque selectivos e indiscriminados que han matado y herido a civiles».
Esta situación ha provocado la mayor crisis de desplazamiento del mundo, en la que más de 8 millones de personas se han visto obligadas a huir sin que se vislumbre aún el final del conflicto. Amnistía apunta a un papel central del racismo en todos estos conflicto: la situación en Gaza tiene sus raíces en una forma «extrema» de «discriminación racial mediante la cual Israel oprime y domina a la población palestina a través de la fragmentación territorial, la segregación y el control, la desposesión de tierras y propiedades y la negación de sus derechos económicos y sociales».
La «alterización» por motivos étnicos es una característica de los conflictos armados en países como Etiopía, Birmania y Sudán, y la discriminación racial también se ha manifestado en las respuestas a estos conflictos. «El doble rasero de la discriminación queda patente en la retórica y políticas adoptadas por Estados Unidos y muchos Estados europeos en relación no sólo con el conflicto de Israel y Palestina, sino también con sus repercusiones», denuncia el documento, que establece que «muchos gobiernos han impuesto restricciones ilegítimas a las protestas solidarias con la población palestina». «Los gobiernos de Alemania, Austria, Francia, Hungría, Polonia y Suiza prohibieron de forma preventiva este tipo de protestas en 2023, alegando riesgos imprecisos para el orden público o la seguridad nacional que, en algunos casos, estaban basados en estereotipos racistas. Los medios de comunicación y la clase política (...) han utilizado con frecuencia una retórica que ha deshumanizado al pueblo palestino», ha matizado.
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