El FBI recrimina a Trump y Biden por no ser más «conscientes» de las leyes sobre el uso de material secreto

Por su parte, el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, ha preferido no hacer declaraciones sobre las investigaciones que están en curso tras el hallazgo de este tipo de material clasificado en las residencias privadas del presidente Biden y su antecesor, Donald Trump. Garland se ha limitado a señalar que los encargados de las mimas son buenos conocedores del Departamento de Justicia y que confía «de pleno» en que sabrán resolver estos asuntos siguiendo «las más altas tradiciones del departamento».

Si bien Garland ha nombrado a Jack Smith como asesor especial para investigar el uso de información clasificada por parte de Trump y a Robert Hur para hacer lo propio con los documentos que se le hallaron a Biden, por el momento no se conoce si designará a otra persona para el caso del exvicepresidente Pence.

En el caso del expresidente Trump, el magnate tenía más de 300 documentos clasificados en su lujosa mansión de Mar-a-Lago en Florida, mientras que Biden tenía diez informes de esta naturaleza en su antigua oficina privada en Washington, así como otra serie sin determinar en su residencia en Wilmington, Delaware. En el caso más reciente, Pence entregó al FBI cerca una docena de documentos confidencial y otras cuatro cajas a Archivos Nacionales con material no clasificado después de pedir a uno de sus abogados que revisara su residencia en Indiana.

Por su parte, Archivos Nacionales ha pedido formalmente a expresidentes y exvicepresidentes que revisen nuevamente sus registros personales en busca de este tipo de información sensible a raíz de estos descubrimientos. «La responsabilidad de cumplir con Ley de Registros Presidenciales (PRA) no acaba con el final de la administración», dice la carta que Archivos Nacionales ha mandado a todos los expresidentes y exvicepresidentes, salvo Jimmy Carter ya que está exento puesto que la norma no entró en vigor hasta que dejó el cargo en 1981. «Le solicitamos que realice una evaluación de cualquier material que se encuentre fuera de Archivos Nacionales y que esté relacionado con la administración para la que se desempeño (...) para determinar si el material asumido como personal podría contener sin darse cuenta expedientes presidenciales o vicepresidenciales sujetos a la PRA, ya sean clasificados o no clasificados», se lee en la carta.