El Ejecutivo utilizará por primera vez la conocida como sección 35 de la ley que estableció la autonomía del Parlamento escocés en 1998, que permite a Londres vetar leyes que considere que afectan a «asuntos reservados» al Gobierno central.
La ministra principal escocesa, la nacionalista Nicola Sturgeon, tachó la decisión de «ataque frontal» a la capacidad del Parlamento autónomo de «tomar sus propias decisiones en materia de competencias transferidas». «El Gobierno escocés -recalcó Sturgeon- defenderá la legislación y al Parlamento de Escocia. Si este veto de Westminster tiene éxito, será el primero de muchos».
La ley británica establece una edad mínima de 18 años para solicitar un cambio de género, exige un diagnóstico médico de disforia y evidencias de que el solicitante ha vivido al menos dos años con su nuevo género. La ley escocesa, impulsada por el Partido Nacional Escocés (SNP), reduce en cambio esa edad a los 16 y elimina la necesidad de presentar un informe médico y otras pruebas. «Mi decisión de hoy tiene que ver con las consecuencias de la legislación (escocesa) sobre el funcionamiento de la protección a la igualdad en el conjunto de Gran Bretaña y otros asuntos reservados», afirmó en un comunicado el ministro británico.
El veto del Ejecutivo central es «necesario» y «el procedimiento correcto», sostuvo Jack, que aseguró que no ha tomado la decisión «a la ligera».
«Las personas transgénero que están atravesando el proceso de cambiar su sexo legal merecen nuestro respeto, respaldo y comprensión», agregó el ministro. La portavoz de Igualdad del Partido Verde, socio de Gobierno en Escocia, Maggie Chapman, afirmó por su parte en un comunicado que «es un día negro para el acuerdo de descentralización (de competencias), la democracia y los derechos de las personas transgénero». Se trata, a su juicio, de «un alarmante nuevo precedente que debe de preocupar a todo el mundo que cree en la descentralización y que quiere que el Parlamento de Escocia exista».
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