En una carta dirigida a Mozo, los vocales del ala conservadora han puesto sus candidatos sobre la mesa tras la reunión celebrada este mismo miércoles. Han adjuntado también los currículums de los aspirantes y han subrayado que «no existe ningún otro documento a aportar». César Tolosa es magistrado del Tribunal Supremo desde 2014. Actualmente, preside la Sala de lo Contencioso-Administrativo. Ingresó en la Carrera Judicial en 1982 y tuvo su primer destino en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Molina de Aragón (Guadalajara).
En 2004 fue elegido presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, cargo en el que permaneció hasta su nombramiento para el Supremo. Pablo Lucas es magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo desde noviembre de 2001, fecha en la que ingresó en la carrera judicial por el turno reservado a juristas de reconocida competencia con al menos 15 años de ejercicio. Es el encargado de controlar la actividad del CNI y estaba en el primer listado de nueve candidatos dado a conocer por los vocales progresistas el pasado octubre. Los nombres de Tolosa y Lucas se sumarían al de Bandrés --el candidato propuesto por los progresistas-- para la votación en la que deben salir elegidos dos magistrados para ser designados por el CGPJ al Tribunal Constitucional. Fuentes del CGPJ ya habían avazado que los mejor posicionados para conseguir el aval del conjunto del CGPJ son Tolosa y Lucas.
El movimiento del bloque conservador de poner sus dos nombres sobre la mesa tiene lugar después de que ayer martes Mozo rechazara convocar el Pleno extraordinario que solicitaban. El presidente interino del CGPJ desestimó la petición inicial de los conservadores alegando que éstos no habían acompañado su solicitud con los nombres de al menos dos candidatos al tribunal de garantías. Por ello, los nueve vocales han desvelado ahora el nombre de sus elegidos.
La intención de este bloque es votar antes de que se apruebe la reforma impulsada por los socios de Gobierno, que podría quedar aprobada la próxima semana tanto en Congreso como en Senado debido a su tramitación 'exprés'. En concreto, el PSOE y Unidas Podemos proponen pasar de una mayoría de tres quintos --que ahora requiere al menos 11 votos-- a una simple para que el CGPJ designe a sus dos candidatos al TC y que, en caso de que el órgano de gobierno de los jueces siga incumpliendo su obligación de enviar dos aspirantes al Constitucional, se puedan exigir a sus vocales responsabilidades hasta penales. Además, dicha enmienda contempla que, en lugar de que cada uno de los 18 vocales proponga y vote a dos candidatos, proponga y vote solo a uno, lo que --según explican las fuentes del CGPJ-- garantizará que los dos más votados sean los aspirantes elegidos por cada bloque del Consejo (el progresista y el conservador).
Esto es, en el caso de los progresistas: Bandrés. Frente a las prisas que ha evidenciado esta última semana el sector conservador, el ala progresista del CGPJ --que hasta ahora urgía a sus homólogos conservadores a proceder con los dos nombramientos al TC-- ve necesario no solo esperar al Pleno ordinario del 22 de diciembre, sino incluso posponer cualquier votación sobre la dupla para el Constitucional a que la reforma legal entre en vigor, para que el Consejo se pronuncie ya con el nuevo sistema. Así las cosas, los roles de uno y otro bloque parecen haberse invertido a raíz de la reforma propuesta, ya que en estos momentos los vocales conservadores piden acelerar, mientras que los progresistas abogan por aguardar.
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